Las protestas sociales que empezaron en regiones del sur andino (Andahuaylas, Arequipa,, Cusco y Ayacucho) el pasado 7 de diciembre de 2022 se han convertido en el inicio de una insurgencia popular en ese mismo escenario y se extiende a otras regiones del país. Esto está empezando.
En efecto, estamos ante una insurgencia popular porque no demandan obras o apoyo al agro sino que rechazan la autoridad existente: exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y al Congreso el adelanto de las elecciones generales para este año.
Equivalente a esas dos exigencias los protagonistas de está insurgencia popular exigen un referéndum en el que se consulte al país sobre una Asamblea Constituyente, que elabore una nueva Constitución. O un nuevo Contrato Social que cancele la de 1993.
Hay, también otras exigencias. En la plataforma de la macroregión sur, aparecen dos: el cierre del Congreso y la restitución de Pedro Castillo en la presidencia. En otras regiones el énfasis es la renuncia de FujiDina, adelanto de las elecciones y referéndum.
FujiDina y el Congreso controlado por la coalición criminal del fujimorismo y sus cepas (Renovación Popular y Avanza País), más sus aliados (APP, Podemos y una facción de AP) . Por eso, insisten en enviar delegaciones de ministros para «dialogar» por los manifestantes.
No hay nada que dialogar con un gobierno que, desde el inicio, «terruqueo», minimizó y reprimió cruelmente las movilizaciones en Andahuaylas, Arequipa, Cusco,, Ayacucho e Ica. Del 7 al 15 de diciembre, la primera etapa de las protestas, provocó dos masacres: en Andahuaylas, 7 asesinatos y Ayacucho, 10.
Y el 9 de enero en Juliaca, Puno, la represión policial y militar provocó la tercera y mayor masacre en los 33 días de gobierno de FujiDina: 19 personas asesinadas. Ese hecho convierte a FujiDina en una dictadora genocida sostenida por las FFAA.
Sin embrago, insisten en «dialogar». Insistir en «dialogar» a punta de balazos, sangre de heridos y muertos y, además, bajo la declaración de orden de inamovilidad social que el martes 10 lo convirtieron en toque de queda, es simplemente un despropósito absolutamente inaceptable.
La respuesta del sur andino y otras zonas del país no se hizo esperar. En Huancavelica, en particular en Lircay, capital de la provincia de Angaraes, manifestantes quemaron oficinas de juzgados. En Apurímac, cientos de campesinos Chankas de Turpo llegaron a la ciudad de Andahuaylas.
En esa misma región, desafiando la orden de inamovilidad social, las autoridades y pobladores de Chincheros se movilizaron masivamente por las calles de esa capital provincial. En el norte, campesinos y diversos gremios marcharon hacia Chiclayo, en Lambayeque.
En el Cusco, miles de campesinos de varias provincias llegaron en camiones a la ciudad imperial. Estos se dirigirán rumbo a Lima. En Ayacucho, se realizó una masiva marcha por las calles de Huamanga con banderas negras en señal de duelo. En Puquio, en el sur de está región, hubo movilización. Se preparan para viajar a Lima.
El mismo martes 10, Moquegua se declaró en huelga Indefinida. En tanto, miles de indígenas quechuas y aimaras de Puno, mientras velan a los 19 asesinados, se organizan para dirigirse a Lima. Y, según fuentes de Iquitos, la madrugada del miércoles 11 bloquearán la carretera Tarapoto (San Martín)- Yurimaguas (Loreto).
Así, pese al toque de queda decretado por el gobierno de FujiDina, las movilizaciones continuaron y continuarán en la macroregión sur y se extiende al norte y la macroregión oriente. La insurgencia popular se extiende y nuevos sectores se suman como efecto de la masacre de Juliaca.
Jaime Antezana Rivera
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