Es oficial. El Consejo de Ministros, de este martes 25 de enero, discute un nuevo proyecto de reforma constitucional para adelantar las nuevas elecciones en diciembre de este año. Su aprobación implicaría que el Ejecutivo dejaría el proyecto anterior, que proponía las elecciones para abril de 2024. Es decir, lo adelanta un año y tres meses.
Ese proyecto de reforma constitucional que pareciera ser un triunfo de la insurgencia popular, no lo sería. ¿Por qué? Pues porque supone que se quedaría como presidenta de transición, como lo propuso el dueño de la franquicia de APP. En otras, después de las masacres y el «terruqueo» de los protagonistas del desborde social, Boluarte no renunciaría. Se quedaría.
Obviamente, ese proyecto de reforma ha sido negociado por el poder real detrás de su gobierno: el narcofujimorismo que, junto a sus satélites (Renovación Popular y Avanza País), y sus aliados de ruta (APP, Podemos, etc.) controlan el Congreso y casi todas las instituciones del Estado.
Ese proyecto, obviamente, es inaceptable. El gobierno de Boluarte no puede seguir un día más: tiene las manos ensangrentada de más de 60 asesinatos, principalmente, de aimaras, chankas y quechuas de la sierra sur. No es posible la impunidad.
No solo por eso. Hay una razón de fondo que es vox populi: que Boluarte dirija el gobierno de transición es permitir que el narcofujimorismo gobierne. Es la garantía que cambiarán a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE. Y así garantizar el camino para un fraude y Keiko Fujimori sea, al cuarto intentó, presidenta.
Eso eventual escenario puede traer otra secuela: la conversión definitiva del país en un narcoestado o estado criminal. Eso es lo que está en el fondo de está «concesión». En suma, sería un triunfo para la mafia y una derrota para la insurgencia popular e indígena.
Jaime Antezana Rivera
