La Contraloría General de la República ha detectado graves irregularidades en la designación de personal en la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. Según el Informe de Control Específico n.º 048-2024-2-0785-SCE, varios funcionarios asumieron cargos de confianza sin cumplir con los perfiles requeridos, lo que ha llevado al inicio de procesos administrativos y acciones legales contra los responsables.
Nombramientos fuera de norma
El informe detalla que las designaciones no cumplieron con los requisitos exigidos para los puestos de confianza, contraviniendo las normas vigentes en materia de contratación pública. Ante esta situación, la Contraloría ha recomendado que se inicien procedimientos administrativos sancionadores contra los funcionarios y servidores públicos implicados.
Denuncia ante la Procuraduría Anticorrupción
Además, la Contraloría ha remitido el informe a la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Puno, a fin de que se emprendan las acciones legales penales correspondientes. Este paso busca garantizar que se sancionen las irregularidades detectadas y se refuercen los principios de transparencia y legalidad en la gestión de esta empresa estatal.
Notificación oficial
La notificación oficial fue enviada a través del sistema de notificaciones electrónicas de la Contraloría. Entre los destinatarios figura el presidente del directorio de la empresa, José Mercedes Mosquera Castillo, quien recibió un expediente que incluye la cédula de notificación y un informe detallado compuesto por 2400 folios.
Origen del proceso de control
El proceso de investigación tuvo su inicio en un oficio que solicitaba el Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad. Este servicio tenía como objetivo evaluar las designaciones de cargos de confianza realizadas sin cumplir los perfiles establecidos en la normativa vigente.
Transparencia y rendición de cuentas
La Contraloría ha instado a la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. a implementar medidas correctivas siguiendo las recomendaciones del informe. Asimismo, la empresa deberá informar al Órgano de Control Institucional sobre las acciones adoptadas para subsanar estas irregularidades.
Con este caso, la Contraloría reafirma su compromiso con la fiscalización y el buen uso de los recursos públicos, al tiempo que promueve una gestión eficiente y transparente en las instituciones del Estado. El seguimiento de este caso continuará para asegurar que se cumpla con las normativas y se respeten los principios éticos en la administración pública.




