Las rondas campesinas de Nuñoa, reconocidas por su larga trayectoria en la defensa territorial y la vigilancia comunitaria en Puno, se encuentran actualmente en el centro de la polémica. Jacinto Ticona Huamán, abogado especializado en conflictos sociales, subrayó la importancia de que estos grupos operen siempre dentro de los límites que establece la Constitución.
Según Ticona, “las rondas tienen un límite claro en su actuar, y ese límite es no vulnerar los derechos fundamentales. Estas deben cuidar esos límites en el ejercicio de su autoridad”. El especialista resaltó que, si bien es comprensible que la comunidad exija explicaciones y rendición de cuentas, cualquier acción que sobrepase los márgenes legales no puede ser justificada, sin importar el rol que desempeñen en el control social.
El abogado también se refirió a la reciente tensión surgida entre las rondas campesinas y el alcalde Luis Condori Mendoza, señalando que la disconformidad es parte del ejercicio de control ciudadano. Sin embargo, enfatizó que la legitimidad del control social no debe convertirse en pretexto para incurrir en abusos o violaciones de derechos individuales.
“Debe hacerse una revisión minuciosa para determinar si hubo o no un exceso en el proceder de la ronda. La legitimidad del control no puede traducirse en violación de derechos”, concluyó Ticona, haciendo un llamado a que se realice una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos y, en su caso, sancionar cualquier conducta irregular.
Este llamado a la responsabilidad se produce en un contexto en el que la presencia de las rondas campesinas es fundamental para la seguridad y el orden en las zonas rurales. No obstante, el equilibrio entre el control social y el respeto por los derechos ciudadanos es indispensable para evitar conflictos y garantizar el Estado de Derecho en la región.
Con esta postura, expertos y líderes comunitarios insisten en la necesidad de fortalecer mecanismos de supervisión que aseguren que la labor de las rondas campesinas se enmarque siempre en el respeto a la legalidad y los derechos fundamentales de todos los habitantes de Nuñoa y Puno.
