La reciente apertura de una investigación fiscal contra dirigentes sociales de Juliaca, acusados de presuntas agresiones al juez Guido Chevarría, ha generado una ola de rechazo entre líderes de la provincia de San Román. Los hechos se produjeron durante una protesta en los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Puno, en respuesta a la medida cautelar que paralizó el proyecto de construcción del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) Puno, cuya sede estaba proyectada en esta ciudad.
Investigación por presuntas lesiones genera indignación en Juliaca
La movilización ciudadana tuvo lugar tras el polémico fallo que favorece a un sindicato de trabajadores de la Dirección Regional de Transportes, lo que ha detenido temporalmente el proyecto educativo de alto impacto regional. Según los manifestantes, cuando el magistrado Chevarría intentaba abordar un vehículo oficial, fue increpado verbalmente por algunos dirigentes. No obstante, el Ministerio Público inició una investigación de oficio por los presuntos delitos de lesiones y obstrucción a la autoridad.
«No hubo agresión física, solo reclamos legítimos», afirman
Willy Ito, dirigente juliaqueño, desmintió las acusaciones y señaló que la denuncia busca criminalizar la protesta pacífica. “Tenemos diferencias internas, pero cuando se trata del bienestar colectivo, Juliaca está unida. Esto es una represalia por levantar la voz”, declaró.
El dirigente aseguró que existen registros audiovisuales que evidencian que no hubo agresiones físicas al juez. “La Fiscalía debería actuar con la misma celeridad en casos graves de corrupción, y no perseguir a ciudadanos que defienden el derecho a una mejor educación para sus hijos”, puntualizó.
Denuncian intereses ocultos detrás de la paralización del COAR
Ito también cuestionó la imparcialidad del juez Chevarría, al recordar que la medida cautelar fue interpuesta por un sindicato liderado, según afirmó, por una persona que poseería más de 13 propiedades inmuebles, lo cual ameritaría una investigación por presunto lavado de activos. “Exigimos transparencia y que se investigue quién está realmente detrás de esta jugada legal que perjudica a toda una generación”, expresó.
Juliaca defiende su derecho a ser sede del COAR
El dirigente hizo un llamado a las autoridades del Gobierno Regional de Puno para reconsiderar el fallo y reanudar el proyecto del COAR en Juliaca, ciudad que ‘según argumentó’ cuenta con mejores condiciones técnicas, logísticas y geográficas para su implementación. Asimismo, criticó el “centralismo puneño” y la falta de equidad en la distribución de proyectos educativos de alto impacto.
La población juliaqueña permanece en alerta, exigiendo una solución que priorice el bienestar estudiantil por encima de los intereses sindicales o las decisiones judiciales cuestionadas. De no revertirse la medida, advierten nuevas movilizaciones en defensa del proyecto educativo.
