Docentes de Puno viajan a Lima para sumarse a la marcha nacional del 26 al 28 de julio

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Unos 80 docentes de la provincia de San Román y otras zonas de la región Puno han confirmado su participación en la marcha nacional de protesta programada para los días 26, 27 y 28 de julio en Lima, como parte de una jornada de lucha contra el actual gobierno y el Congreso de la República.

La movilización ha sido convocada por diversas organizaciones sociales y gremiales a nivel nacional, y contará con la presencia activa del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), representado en Juliaca por Víctor Andrés Apaza Larico, secretario provincial del SUTE San Román.

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“Vamos a marchar por el hartazgo del pueblo y en defensa de una verdadera democracia. No tememos a la represión; viajamos a Lima con dignidad y firmeza”, sostuvo el dirigente en declaraciones a los medios locales.

Demandas clave: nueva Constitución y derechos laborales

Entre las principales demandas de los maestros puneños figuran la convocatoria a una nueva Constitución Política, el respeto a los derechos laborales, el fortalecimiento de la educación pública y el establecimiento de una agenda nacional centrada en la justicia social.

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Los representantes del magisterio también expresaron su rechazo a la legitimidad del actual Poder Ejecutivo y Legislativo, señalando que ambos han perdido la confianza de la ciudadanía por su inacción frente a la crisis política y económica que atraviesa el país.

En ese sentido, el sindicato exhortó a las autoridades a garantizar el derecho constitucional a la protesta pacífica durante las movilizaciones previstas en la capital, en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias.

Delegación puneña se suma a jornada nacional

La delegación de docentes partirá en los próximos días hacia Lima, donde se espera la llegada de miles de manifestantes de diversas regiones del país. Según los organizadores, esta jornada de lucha busca visibilizar el descontento de los sectores sociales, especialmente del interior del país, frente al deterioro de la institucionalidad democrática y el abandono de las políticas sociales.

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