En medio del inicio de los movimientos políticos rumbo a las próximas elecciones regionales, el nombre del empresario y dirigente deportivo Juan Carlos Aquino Condori más conocido como «chinchilico» vuelve a generar controversia en la región Puno. El también aspirante a la presidencia del Gobierno Regional de Puno enfrenta cuestionamientos tras revelarse que mantiene una deuda tributaria que supera los 713 mil soles con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.
La situación ha reavivado el debate sobre la idoneidad de los candidatos que buscan ocupar cargos públicos, especialmente cuando mantienen obligaciones económicas pendientes con el Estado. Diversos sectores consideran que la transparencia financiera debería ser un requisito fundamental para quienes aspiran a dirigir una región.
Actividades políticas en medio de cuestionamientos
En los últimos días, «chinchilico» participó en actividades políticas en las que buscó reforzar su presencia ante simpatizantes, en un contexto marcado por el inicio de la reorganización de fuerzas políticas con miras a futuras contiendas electorales en Puno.
Durante estos encuentros, el excongresista evitó pronunciarse públicamente sobre el estado de su deuda tributaria. Este silencio ha generado críticas de sectores ciudadanos que demandan explicaciones claras respecto a su situación fiscal.
Aquino ha estado vinculado políticamente al entorno del exministro Óscar Zea Choquechambi, figura influyente dentro de ciertos sectores políticos de la región.
Debate sobre ética y responsabilidad en la política regional
Analistas locales sostienen que este tipo de casos alimenta la desconfianza ciudadana hacia la clase política. En un contexto donde la población exige mayor transparencia y rendición de cuentas, las deudas tributarias de figuras públicas suelen convertirse en un punto de debate sobre la ética y responsabilidad de quienes buscan administrar recursos públicos.
La normativa electoral peruana establece requisitos para la postulación a cargos públicos; sin embargo, la discusión pública suele centrarse también en la coherencia entre el discurso político y la situación financiera o legal de los aspirantes.
