En un contexto marcado por el reforzamiento de la seguridad fronteriza, autoridades migratorias reportaron la expulsión de 117 ciudadanos extranjeros durante el primer trimestre de 2026 en la región Puno, como parte de una estrategia integral orientada a controlar el ingreso irregular y garantizar el orden interno.
El jefe zonal de Migraciones, Hugo Cavero Aybar, precisó que estas acciones responden a operativos articulados entre diversas entidades del Estado, entre ellas la Policía Nacional del Perú, Aduanas y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN). El objetivo, sostuvo, es identificar y sancionar situaciones migratorias irregulares en zonas de alta transitabilidad, especialmente en la frontera sur.
Desaguadero en alerta por incidentes y flujo migratorio
Uno de los puntos de mayor atención es el distrito fronterizo de Desaguadero, donde recientemente se registró un enfrentamiento entre ciudadanos extranjeros en el terminal terrestre, hecho que encendió las alertas sobre la seguridad en la zona.
Como parte de las intervenciones más recientes, las autoridades dispusieron la expulsión de cuatro ciudadanos adicionales tras comprobar el incumplimiento de la normativa migratoria vigente, lo que evidencia la continuidad de los operativos de fiscalización.
Articulación institucional y medidas sanitarias
Migraciones informó que actualmente cuenta con 85 trabajadores en la región, quienes no solo participan en labores de control, sino también en acciones preventivas en coordinación con el sector Salud. Estas incluyen medidas frente al riesgo de enfermedades como el sarampión, en un esfuerzo por evitar brotes en zonas con alta movilidad poblacional.
Seguridad y control en agenda permanente
El incremento de expulsiones refleja una política más estricta en materia migratoria en la región Puno, considerada estratégica por su ubicación fronteriza. Las autoridades han reiterado su compromiso de mantener operativos permanentes y fortalecer la coordinación interinstitucional para enfrentar tanto la migración irregular como los riesgos asociados a la seguridad ciudadana.
Este escenario plantea, además, el desafío de equilibrar el control migratorio con el respeto a los derechos humanos, en una región donde el tránsito internacional forma parte de la dinámica cotidiana.
