Puno: investigan a policías de Tránsito por presunta red de corrupción en anulación de papeletas

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Un nuevo escándalo vuelve a colocar a la Policía Nacional del Perú en el centro del debate público en Puno. Esta vez, varios efectivos de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial (UTSEVI) son investigados por su presunta participación en una organización criminal dedicada a anular papeletas de forma irregular a cambio de dinero.

La investigación fiscal alcanza a la teniente PNP Eva Irene Mamani Choque, quien se desempeñaba como jefa de la unidad, así como a los suboficiales Alian Enrique Murillo Laura, María Fernanda Salazar Linares, Kevin Antony Cuevas Romero y José Rolando Vilca Rivas. Todos ellos habrían tenido roles específicos dentro de la red conocida como “Los Mandachitos”.

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Según las diligencias preliminares, el esquema era bastante directo, pero grave en sus consecuencias. Los agentes habrían intervenido en la alteración de infracciones, la retención de documentos y la agilización de trámites irregulares. Todo esto, a cambio de pagos que iban desde los 500 hasta los 5,000 soles, dependiendo del tipo de falta. En pocas palabras, quien pagaba podía evitar sanciones, incluso si se trataba de infracciones graves.

Y aquí es donde el problema deja de ser solo económico. Porque no se trata únicamente de un posible perjuicio al Estado, sino de un riesgo concreto para la seguridad vial. Si conductores sancionados por faltas graves siguen circulando sin restricciones, el impacto lo sentimos todos en la calle.

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El caso toma un giro más delicado por los antecedentes de una de las principales investigadas. La teniente Mamani Choque ya había sido intervenida en una investigación previa por la presunta apropiación de bienes incautados durante los saqueos ocurridos en la ciudad. En ese momento, agentes anticorrupción encontraron televisores, equipos electrónicos y otros productos que, en teoría, estaban bajo custodia del Estado.

A partir de ese hallazgo, se abrió un proceso por presunto peculado. Este antecedente, según fuentes vinculadas al caso, no es menor. Al contrario, refuerza las sospechas sobre posibles prácticas irregulares dentro de una unidad que, además, cumple funciones de control y fiscalización directa.

Mientras tanto, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios continúa con las investigaciones para determinar el nivel de responsabilidad de cada implicado y esclarecer cómo operaba exactamente esta presunta red.

Hay un punto clave que no se puede perder de vista. Más allá de la gravedad de las acusaciones, todos los investigados mantienen su derecho a la presunción de inocencia mientras el proceso siga en curso. Pero igual, el daño institucional ya está sobre la mesa.

Al final, lo que queda es una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿qué tan extendidas están estas prácticas y qué controles reales existen para evitarlas? Porque no es la primera vez que pasa, y eso, honestamente, ya empieza a pesar.

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