La investigación por la muerte de cinco civiles durante un operativo militar en el distrito de Colcabamba, región Huancavelica, enfrenta nuevas complicaciones que dificultan su avance.
En las últimas horas llegó a la zona el fiscal especializado en derechos humanos, Johel Chamorro Macukachi, integrante de la Primera Fiscalía Supranacional Transitoria Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, con el objetivo de continuar las diligencias. Sin embargo, pese a su presencia, el proceso se desarrolla con serias limitaciones debido a la ausencia de peritos y personal técnico especializado de la Policía.
Faltan pericias
Esta carencia impide la realización de diligencias fundamentales para el esclarecimiento de los hechos, como la pericia balística del vehículo intervenido, la inspección de posibles compartimentos ocultos, el análisis de sustancias químicas y la evaluación integral de la escena del crimen.
De acuerdo con información recogida por Huanca York Times, estos peritajes fueron solicitados desde el mismo día del operativo, incluyendo la participación de especialistas en escena del crimen. No obstante, hasta el momento no se ha concretado el apoyo requerido, lo que retrasa de manera significativa el avance de la investigación fiscal.
Las dificultades estarían vinculadas a la falta de disponibilidad de unidades especializadas en ciudades cercanas como Huancayo y la propia Huancavelica. Según fuentes relacionadas con el caso, en reiteradas ocasiones se ha solicitado la intervención de peritos, pero los responsables, altos oficiales de la PNP, han indicado que no pueden desplazarse fuera de sus jurisdicciones debido a disposiciones superiores
‘Peloteo’
Incluso, unidades encargadas de investigar accidentes de tránsito con consecuencias fatales habrían rechazado acudir a la zona, alegando restricciones internas. Esta problemática es frecuente, ya que ninguna unidad policial asume la intervención en el lugar: desde Huancavelica se sostiene que corresponde al Vraem, pese a que dicha jurisdicción ya no aplica; mientras que, al requerir apoyo a Junín, se argumenta que la competencia recae en Huancavelica. Este “peloteo” evidencia limitaciones operativas que dificultan el despliegue oportuno de personal especializado.
Cabe recordar que el caso se encuentra en etapa de investigación preliminar por el presunto delito de homicidio calificado, tras la muerte de cinco personas durante un operativo militar cuyas circunstancias aún no han sido esclarecidas.
Mientras tanto, los militares involucrados afrontan el proceso en libertad, a la espera de que se recaben pruebas clave que permitan determinar responsabilidades. Sin embargo, al ritmo actual de las diligencias, el esclarecimiento de los hechos podría prolongarse más de lo previsto.
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