Un suboficial de primera de la Policía Nacional del Perú fue condenado a cinco años de prisión efectiva por exigir S/100 a la madre de un detenido a cambio de permitir su liberación en la comisaría Miguel Grau, ubicada en el distrito de Paucarpata, Arequipa.
El caso se remonta al 21 de febrero de 2024, cuando un ciudadano había sido intervenido por conducir en estado de ebriedad. Según la investigación fiscal, pese a que el fiscal de turno había emitido la boleta de excarcelación luego de aprobarse un principio de oportunidad, el efectivo habría retrasado la salida del detenido.
Policía habría exigido S/100 para liberar al detenido
De acuerdo con la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, el suboficial Víctor Flores habría solicitado S/100 a la madre del intervenido para permitir que su hijo saliera de la celda.
Ante la presión, la mujer realizó una transferencia mediante Yape al número telefónico del efectivo policial. Luego de recibir el dinero, el detenido fue liberado.
Uno de los elementos principales presentados durante el proceso fue el reporte bancario obtenido después del levantamiento del secreto bancario, documento que permitió acreditar la transferencia realizada al agente.
Fiscalía presentó registros y testimonios como pruebas
Además del movimiento bancario, el Ministerio Público presentó los testimonios de los agraviados y otros elementos que fueron considerados durante el proceso judicial.
Según la investigación, Flores habría devuelto los S/100 dos días después de conocer que se había presentado una denuncia ante Inspectoría. También habría intentado modificar registros digitales de la dependencia policial, aspecto que fue incorporado a las diligencias.
La evidencia permitió sustentar la acusación por el delito de cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial.
Poder Judicial impone cinco años de prisión
El Poder Judicial declaró responsable al suboficial y le impuso cinco años de prisión efectiva.
Además, deberá pagar S/5.000 por concepto de reparación civil y quedó inhabilitado, con privación de su grado y función policial durante seis meses.
La sentencia corresponde a una primera instancia, por lo que el proceso todavía puede continuar conforme a las vías legales correspondientes.
