Un detalle revela que el cuádruple asesinato y secuestro en Trujillo, la madrugada del domingo 30 de agosto, fue psicosocial: según las imágenes de la masacre a cuatro personas y el secuestro del empresario minero, muestran a hombres altos o de porte policíal/militar, sin embargo, los presuntos autores capturados por la PNP son de baja estatura. Vean las imágenes que grabaron el momento del asesinato múltiple y el secuestro y verán que los chibolos no tienen la talla de los ejecutores de ese execrable hecho.
Comparen. No crean en el relato (el cuentazo) de la PNP y el ministro de Defensa para voltear la tortilla política. Ese simple detalle, de notable relevancia en los tiempos que el crimen organizado del fujimorismo ha vuelto a tener el poder casi total, debería derrumbar todo el relato policial y oficial. Pero eso no empezó con la asunción de Keiko Fujimori al gobierno, el 29 de julio, con el «enfrentamiento» armado de los militares y una columna del clan Quispe Palomino.
Esos psicosociales con costos de vidas humanas datan del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). No es necesario remontarse algo más de 30 años para saber que los psicosociales cuestan vidas inocentes. Por ejemplo: el incendio del banco de la Nación, en el 2000, para desprestigiar la marcha de los 4 suyos, en el que murieron seis trabajadores de seguridad de esa entidad estatal. Hasta basta para afirmar que esos psicosociales son de factura montesinista.
Esa práctica, sin embargo, volvió en el gobierno de Dina Boluarte, puesta en palacio de gobierno y sostenida por el fujimorismo keikista y sus socios. Nos referimos, por poner un ejemplo, al ataque con un artefacto explosivo (dinamita) la sede principal del Ministerio Público de Trujillo, en la era de Santivañez como ministro del Interior.
Jaime Antezana Rivera
