El Gobierno Regional de Junín adjudicó por S/ 237 millones 661 mil la construcción del hospital de apoyo Manuel Higa Arakaki de Satipo, a poco más de dos meses del fin de la gestión de Zósimo Cárdenas. El Consorcio Salud Selva Central obtuvo la buena pro por el monto total del presupuesto referencial.
El reporte de otorgamiento de la buena pro, generado el 26 de octubre, identifica como integrantes del consorcio a Gadiel Infraestructura y Construcción S.A.C. y Levon South America S.A., sucursal del Perú. Se trata de la segunda convocatoria lanzada este año para ejecutar la obra.
Una obra paralizada desde 2022
La construcción del hospital comenzó en agosto de 2019, con un contrato de aproximadamente S/ 112 millones y un plazo que fijaba su culminación para agosto de 2022. Sin embargo, los trabajos quedaron paralizados el 14 de julio de ese año, con apenas 18,6% de avance físico y 37,1% de avance financiero, según la Contraloría.
El primer contrato fue anulado en el último año de la gestión de Fernando Orihuela, quien ahora enfrenta la segunda vuelta para regresar al sillón regional, tras cuestionamientos relacionados con la documentación sobre la experiencia del personal clave. La controversia derivó en procesos arbitrales.
En mayo de 2025, el Gobierno Regional, firmó un contrato por S/ 207 millones 91 mil 607,05 con el Consorcio Hospital Arakaki, representado por Lucero Nicole Coca Condori, de 23 años.
La empresa LC & EC Constructora, que ella representaba, había obtenido también contratos millonarios en La Libertad y Loreto, pese a que la joven no acreditaba ninguna experiencia en obras públicas. El 1 de octubre de ese año (2025), la gestión de Zósimo Cárdenas anuló el contrato tras el escándalo nacional y detectarse irregularidades, entre ellas el uso de documentación de un ingeniero que negó haber autorizado su participación en la obra.
Esta nueva adjudicación asciende a S/ 237 millones 661 mil 143,03, unos S/ 30,6 millones más que el monto contratado en 2025.
Contraloría cuestionó nueva licitación
La segunda convocatoria también recibió observaciones. En un informe del 21 de octubre de 2026, la Contraloría identificó cuatro situaciones adversas en el proceso de selección y en las condiciones previstas para ejecutar la obra.
Una de ellas fue la modificación de los puntajes de dos factores de evaluación respecto de las bases estándar. El Gobierno Regional asignó hasta 20 puntos a sostenibilidad ambiental y 15 a integridad en la contratación pública, mientras que las bases estándar establecían máximos de cinco puntos para cada factor. Estas diferencias podían afectar la competencia entre postores.
El organismo de control también advirtió que la entidad no acreditó contar con presupuesto suficiente para garantizar la ejecución de la obra. El Gobierno Regional presentó una certificación de crédito presupuestario por S/ 3 millones 232 mil 279, pero los auditores señalaron que ese documento no garantizaba la disponibilidad de los recursos necesarios para cubrir el contrato. Además, en la consulta al portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, la certificación presupuestal del proyecto figuraba con un monto de cero soles al 20 de octubre.
Otra observación se refiere a los documentos que sustentan las condiciones del terreno y la conexión a los servicios básicos. El certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios había vencido el 9 de octubre de 2026. El certificado de factibilidad de agua potable y alcantarillado, emitido por 36 meses, vencía el 26 de octubre. La falta de documentos vigentes podía comprometer las condiciones necesarias para ejecutar la obra y garantizar el funcionamiento del hospital.
El cuarto cuestionamiento recayó en el presupuesto del equipamiento médico, que asciende a S/ 5 millones 775 mil 882,94. Y advirtió de diferencias entre los montos consignados en los archivos del expediente técnico; no se habían incorporado cotizaciones u otros documentos que sustentaran los precios considerados.
Estas inconsistencias podían afectar la determinación del valor de la contratación y limitar la verificación de los precios del equipamiento.
Deterioro y riesgos
En otro informe de junio de 2026, la Contraloría advirtió la falta de acciones en procesos arbitrales, que podría dificultar la recuperación de recursos públicos; el deterioro de los trabajos realizados; instalaciones eléctricas expuestas a la intemperie; falta de vigilancia de la infraestructura y documentación incompleta sobre la ejecución.
Los inspectores constataron estructuras expuestas, acumulación de agua y vegetación en distintas áreas. La falta de conservación podía agravar el deterioro de lo poco construido.
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