En un proceso que ha encendido las alarmas en la opinión pública, la Municipalidad Distrital de San Miguel, en la provincia de San Román, adjudicó en tan solo 29 minutos la licitación para el alquiler de una camioneta 4×4 de uso exclusivo para el alcalde Cristín Nicolás Mamani Mamani. El contrato, valorado en 67 mil soles, se gestionó de forma «express», en paralelo a las protestas de vecinos que reclaman el incremento de los arbitrios municipales, según datos publicados en el portal SEACE.
Un procedimiento relámpago que genera dudas
El proceso se inició el 31 de enero con un requerimiento de la secretaría general y culminó el 28 de febrero. A las 4:55 p.m. la subgerencia de logística publicó la convocatoria, adjudicando la licitación apenas 29 minutos después, a las 5:24 p.m. La rapidez del trámite ha levantado sospechas sobre la transparencia en la toma de decisiones administrativas.
Ofertas con diferencias mínimas y presupuesto ajustado
La licitación contó con la participación de tres proveedores, cuyas ofertas mostraron una diferencia de apenas 500 soles entre cada una:
- Grupo MEVA M&V SAC: S/. 67,000
- Melisa Corina Quispe Velásquez: S/. 67,500
- Tania Yudith García Pozo: S/. 68,000
Las propuestas se ubicaron justo por debajo del presupuesto municipal de S/. 68,090, lo que ha sido interpretado por algunos ciudadanos como una estrategia para encajar en los límites establecidos, a pesar de la notoria similitud en las cifras.
Implicaciones financieras en un contexto de austeridad
El ganador, Grupo MEVA M&V SAC, que ya había prestado servicios al municipio por más de 130 mil soles, se adjudica el contrato que le garantizará un pago mensual de 6,700 soles durante diez meses. Este gasto adquiere especial relevancia en un momento en que San Miguel enfrenta un recorte presupuestal de aproximadamente 3 millones de soles para el año 2025, evidenciando una situación financiera crítica.
Comparación con estándares regionales y reclamos ciudadanos
La polémica se profundiza al compararse este contrato con el de vehículos similares alquilados por el Gobierno Regional de Puno, que establecen tarifas de alrededor de 25 mil soles por cuatro meses (equivalente a 6 mil soles mensuales). Esta disparidad ha motivado que numerosos vecinos soliciten una investigación detallada sobre la adjudicación, cuestionando la necesidad y justificación del gasto en un contexto de crisis económica y recientes aumentos en arbitrios municipales e impuesto predial.
Conclusiones y reflexiones finales
La licitación relámpago ha dejado un sabor amargo en la ciudadanía, que exige mayor transparencia en los procesos de contratación pública y una revisión de los criterios utilizados para la asignación de recursos en un momento de restricciones financieras. Mientras tanto, la inacción de algunos regidores ante estas inquietudes refuerza el clamor popular por una rendición de cuentas clara y oportuna, en busca de evitar lo que muchos consideran un “despilfarro injustificado” en tiempos difíciles para el distrito.
Este controvertido proceso pone sobre la mesa el debate sobre la eficiencia en la administración municipal y la importancia de garantizar procedimientos claros y participativos, en los que la ciudadanía pueda confiar en el manejo responsable de los fondos públicos.
