El gobierno de Dina Boluarte, a través del Ministerio de Cultura, impulsa la reapertura de un caso judicial previamente archivado en contra del exgobernador regional de Puno, Germán Alejo Apaza, un reconocido crítico de su gestión. La denuncia, por el delito de atentado contra restos arqueológicos en la carretera Huaquina -Juli, fue archivada inicialmente por el Ministerio Público por falta de pruebas, lo que ha llevado a Alejo y a la población juleña a denunciar una maniobra de persecución política.
El contexto de la denuncia
El caso se remonta a octubre de 2021, durante la gestión del entonces gobernador Agustín Luque Chaiña, quien inició la obra «Mejoramiento del Camino Vecinal Huaquina Zapijicane-Puerto Juli-Chucasuyo». El proyecto, con una inversión de 29 millones de soles del Gobierno Regional de Puno, buscaba mejorar 17 kilómetros de vía para promover el turismo e integrar a las comunidades de la provincia de Chucuito.
Sin embargo, durante la actual administración, el Ministerio de Cultura presentó una denuncia contra el exgobernador Germán Alejo Apaza –quien asumió después de Luque– alegando daños a supuestos restos arqueológicos en la zona. La denuncia fue archivada en primera instancia por el Ministerio Público, al no acreditarse la existencia de dichos vestigios ni encontrarse pruebas que inculparan a la exautoridad.
Pese a ello, la cartera de Cultura, bajo el gobierno de Boluarte, apeló la decisión, logrando reabrir el caso, que ahora se ventila en el Juzgado de Juli.
La acusación de persecución política
Para Germán Alejo, este proceso judicial es una represalia directa por su postura crítica frente al gobierno central. Alejo es también investigado por el denominado ‘caso Runasur’ –junto a Evo Morales y Vladimir Cerrón–, acusado de atentado contra la seguridad nacional, una imputación que él rechaza y considera una estrategia para señalar responsables políticos de las protestas sociales en Puno.
Tras los enfrentamientos en el aeropuerto de Juliaca en enero de 2023, Alejo escribió en la red social X, dirigiéndose a la presidenta: “Señora @DinaErcilia basta ya de tanta represión al pueblo. Los únicos responsables de toda la masacre son los congresistas golpistas, el ejecutivo, los medios limeños, y ahora pretenden buscar chivos expiatorios. Asuman su responsabilidad”.
En declaraciones sobre el caso de la carretera, Alejo acusó: “Quieren buscar responsables donde no hay. La señora Dina Boluarte quiere evadir su responsabilidad y presiona a instituciones que son autónomas. La Fiscalía es una institución autónoma, ¿no? Es una persecución política para buscar sentenciados”.
El rechazo de la población y la defensa
El 1 de septiembre de 2025 se llevó a cabo una audiencia judicial donde la defensa de Alejo, liderada por el abogado Fidel Mendoza, solicitó el archivamiento definitivo del caso arguyendo la improcedencia de la acción y la inexistencia de delito.
Los beneficiarios del proyecto de carretera, se movilizaron hasta el juzgado de Juli para mostrar su apoyo al exgobernador y exigir el archivamiento. Los pobladores fueron contundentes: “El camino siempre existió”, afirmaron, descartando que en la zona haya restos arqueológicos. “Nosotros vivimos años ahí, y nunca ha habido nada. Más bien queremos que la carretera asfaltada sea inaugurada y pueda servir para atraer más turismo”, comentó uno de los manifestantes.
Desde su cuenta de X, Alejo Agradeció el apoyo: “Muchas gracias a los herman@s de la gran provincia de #Chucuito #Juli, por su solidaridad y defensa de las obras. Juntos venceremos este proceso judicial. Nunca hubo atentado a restos arqueológicos como dice la fiscalía. Lo probaremos”.
El caso del camino vecinal de Huaquina se ha convertido en un punto de conflicto que trasciende lo judicial. Para los defensores de Alejo, es la evidencia de que el gobierno de Dina Boluarte está utilizando aparatos del Estado para judicializar y perseguir a sus opositores políticos, reabriendo causas ya descartadas basadas, en hechos falsos.
