El gobierno de Dina Boluarte pasó del discurso a la acción. Así es: en su mensaje a la Nación, del jueves 19 de enero, anunció que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) iba a identificar a los responsables de la violencia vandálica y que le caería todo el peso de las leyes.
No solo eso. También señaló que el Ministerio Público iba a abrir carpetas fiscales para los responsables de las tomas o intentos de tomas de aeropuertos, de la destrucción de bienes públicos y privados. Esos «no quedarán impunes», sentenció. Fue un mensaje de endurecimiento, de anuncio de mayor represión.
Bueno, dos días después, el sábado 21, pasó a la acción. Lo primero, fue la intervención policial en la universidad de San Marcos, en la que se hizo fueron sacados y echados boca abajo, como en la intervención de febrero de 1987, estudiantes y manifestantes que fueron cobijados en el claustro universitario.
Para realizar la intervención al claustro universitario, similar a fines de los 80 e inicios de los 90, unos 400 efectivos con tanquetas irrumpieron lanzando bombas lacrimógenas. Según RPP, cerca de 205 personas fueron intervenidos y llevados a la Dincote y la Dirincri.
Si la forma de la intervención policial, pese a que la rectora lo solicitó y apoyó, merece la condena. Lo es más al no permitir el ingreso de los representantes de la Defensoría del Pueblo. Ni de abogados para velar por los derechos de los estudiantes y manifestantes.
Es una intervención que copia a la que las fuerzas del orden ejecutaron en 1987, en el gobierno de Alan García. La diferencia es que aquella vez SL estaba por concentrar su accionar terrorista en las ciudades, en especial Lima. Hoy, SL no es un problema militar, es decir, no realiza -hace casi 30 años- acciones terroristas. Y, más bien, busca -a través del MOVADEF- participar de la vida política y legal del país.
Sin embargo, a los estudiantes y manifestantes intervenidos se les ha llevado a la Dincote y, a otro grupo, a la Dirincri. Es decir, se actúa como si fueran terroristas o potenciales «terrucos». Hay, en el fondo, una lógica «terruqueadora». En esa línea, han regresado a los 80 y 90. Si no hay SL, se inventa o crea artificialmente.
Para ello son capaces de «sembrar» volantes, documentos, dinamita y pagar a «colaboradores» pagados. Eso se venía haciendo de manera selectiva y para solicitar prisión preventiva de los enemigos políticos. Ahora, tras la detención de siete dirigentes del Frente de Defensa de Ayacucho, y deslizar que SL estaría detrás de las protestas, se ha convertido en una política de Estado.
El «terruqueo» y la «resurrección» artificial de SL, que se le aplicó a Dina Boluarte, su gobierno lo ha elevado a la principal arma de la criminalización de las protestas que exigen su renuncia, el adelanto de las elecciones para este año y nueva Constitución. Todo una paradoja.
Ante la intensificación de la represión basado en el «terruqueo», en el que cuentan con el soporte del Ministerio Público bajo control del fujimorismo, solo queda la condena y exigir alto a la intervención a la universidad San Marcos.
También la condena ante el intento de intervenir a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), que horas después ha sido rodeado por tanquetas y unidades de la policía y de las FFAA. Era posible que en cualquier momento puedan irrumpir el claustro de está casa de estudios superiores para desalojar a los estudiantes de la universidad de Abad, del Cusco que fueron cobijados por las autoridades de la universidad.
Una mayor represión que ha empezado con la universidad de San Marcos y la amenaza de la UNI, las dos universidades nacionales más importantes del país, puede ser el preludio del fin del gobierno de FujiDina. Están chocando con el alma mater de decenas de miles de estudiantes universitarios que, hasta ahora, no eran protagonistas de las protestas sociales.
Jaime Antezana Rivera
