En sociedades democráticas, el poder no se implementa a patadas ni denuncias, sino con diálogo, documentos y garantías. Para un pequeño dictador esto es una tarea difícil, por eso en su andar siempre recurre al golpe y la amenaza. Y Richard Hancco encarna perfectamente este título: “pequeño dictador”, ahora que actúa de forma prepotente frente a los trabajadores que le exigen condiciones mínimas antes de que avance la demolición del hospital en plena emergencia sanitaria.
Como ya todos saben, resulta que el traslado de oficinas y algunos funcionarios por imposición es el primer paso para liberar ambientes y abrir camino a la demolición del Hospital Manuel Núñez Butrón. Inicialmente, pareció como que todo estaba coordinado y consensuado, pero la resistencia de los trabajadores del nosocomio, que tomaron el local para impedir el avance de la intervención dejo ver claramente que no es así. y más aún, que por fin se ha puesto al descubierto el verdadero problema que es: que el Gobierno Regional intenta acelerar una demolición sin haber demostrado públicamente si existe un plan integral de contingencia sanitaria, técnica y operativa. Más aún cuando Puno acaba de ser declarado en emergencia sanitaria por el brote de sarampión.
Pero lo más grave en esto no solo es la demolición. Lo más grave es la actitud Hancco frente a quienes exigen garantías sanitarias. Pues, en lugar de responder con documentos, planes técnicos, informes actualizados y mecanismos de control, se le ocurrió responde con severas amenazas. Ayer nomás, refiriéndose a los trabajadores que tomaron el local, dijo abiertamente que: “por favor no se metan en temas que a la larga les van a traer consecuencias”. Para luego señalar que enviará un documento “con apercibimiento de denuncia por desobediencia y resistencia a la autoridad”. Y para cerrar dejo también dicho que si no se allanan iniciará “acciones penales que nos permitan trabajar libremente”. Es decir, para Hancco, “trabajar libremente” significa avanzar con la demolición sin oposición, aunque no haya demostrado públicamente el plan integral de contingencia sanitaria. Pero esto no es novedad, antes dijo que sacaría “a patadas” a quienes se opusieran al proyecto. Ahora, fiel a su estilo, amenazó irasciblemente con denuncias penales. De aquí se desprende entonces la pregunta dura e inevitable: ¿ante qué tipo de autoridad nos encontramos?
En un mundo normal y democrático, un gobernador no amenaza a trabajadores que exigen condiciones mínimas para proteger la salud de la población. Estamos ante una emergencia sanitaria, una emergencia palpable y evidente. Y en ese marco, es ilógico ver que un gobernador convierta una preocupación sanitaria en un conflicto personal, policial y judicial. Yo digo, si los trabajadores piden plan de contingencia, condiciones de traslado, protección del laboratorio, cadena de frío, vigilancia epidemiológica, atención de emergencia y continuidad de servicios, la respuesta no puede ser de ninguna forma intimidación ni denuncia. Lo más sensato es que demuestre la documentación pertinente, control institucional y garantías verificables. Hancco no puede pretender que la demolición avance a pura imposición política, menos aun cuando no ha probado ante la población que el sistema de salud no será debilitado.
Con esto en tapete, como verán, el panorama adquiere otro rostro. Aquí ya no se trata solo si se construirá o no el hospital. La pregunta de fondo es ¿por qué Hancco quiere imponer a toda prisa la demolición en plena emergencia sanitaria mediante amenazas, en vez de demostrar técnicamente que la población no quedará expuesta a mayor vulnerabilidad? Y más aún ¿Por qué responde con autoritarismo cuando lo que se le exige únicamente son garantías sanitarias? La mesa está servida.
Aldo Rojas
21.05.2026
