La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) han presentado una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en apoyo al periodista Liubomir Fernández Fernández, quien trabaja como corresponsal para el diario La República en Puno. Esta acción se ha tomado debido a preocupaciones sobre posibles amenazas a su seguridad personal y la de su familia, tras ser objeto de vigilancia y hostigamiento.
El incidente más reciente, el descubrimiento de un calzón negro en la puerta de su domicilio el 15 de febrero de 2024, fue interpretado como una amenaza dirigida a una mujer cercana a Fernández, según indicaron agentes de inteligencia policial. Esta acción se suma a una serie de eventos que han puesto en riesgo la integridad del periodista y su entorno más cercano.
Las amenazas surgieron en el contexto de la cobertura de un caso de estafa piramidal y usurpación de terrenos en el que está implicado el abogado Enrique Calmet Choque. Fernández ha estado investigando este caso desde 2019 y ha denunciado actos de reglaje y hostigamiento como represalia por su labor periodística.
Uno de los momentos más críticos fue en noviembre de 2021, durante la cobertura del desalojo para la toma de posesión de un área del terreno del colegio politécnico Huáscar, en Puno. Durante este evento, Fernández fue agredido físicamente por un grupo vinculado a Calmet Choque, quienes además de agredirlo verbalmente, le rociaron un líquido corrosivo en los ojos. Posteriormente, fue detenido arbitrariamente por el Mayor Claudio Dany Osorio Julca, quien empleó fuerza excesiva, presionando el cuello del periodista y propinándole golpes en el estómago y la cabeza.
Estos incidentes han generado un clima de temor y preocupación en el entorno de Fernández, quien ha señalado que las amenazas y actos de intimidación buscan silenciarlo y amedrentarlo por su labor periodística crítica. Ante esta situación, las organizaciones defensoras de la libertad de prensa han presentado una solicitud de medidas cautelares ante la CIDH para garantizar la seguridad del periodista y su familia.
Además, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) ha solicitado formalmente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y al Ministerio del Interior (MININTER) la activación de mecanismos de protección y garantías personales para Fernández y su familia, en un esfuerzo por salvaguardar su integridad y su derecho a ejercer el periodismo en un ambiente seguro y libre de amenazas.