En la fría y remota frontera entre Puno y Moquegua, el centro poblado de Titire se ha convertido en el símbolo de dos modelos de gestión opuestos: la inversión activa frente al abandono administrativo. Una diferencia presupuestal revela la situación: el Gobierno Regional de Puno, dirigido por Richard Hancco Soncco, maneja una partida de S/ 901,354,743 para proyectos de inversión. Al otro lado, Moquegua, bajo el mando de Gilia Gutiérrez, administra un monto mucho más modesto de S/ 294,573,250.
A pesar de esta abultada diferencia, la realidad sobre el terreno es inversa. Mientras Puno parece haber olvidado de Titire y Aruntaya, Moquegua está invirtiendo, construyendo y llevando ayuda, aprovechando un vacío que, según denuncian, Hancco ha permitido.
La inversión que llega de la costa
La gobernadora Gutiérrez no ha limitado su acción a declaraciones. Su administración ha plasmado su presencia en Titire con proyectos concretos. Según registros oficiales, se ejecutan dos intervenciones:
«Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en Titire» (CUI N° 2277576), con un monto adicional de S/ 66,248.50, financiado íntegramente por el Gobierno Regional de Moquegua.
«Mantenimiento de Infraestructura del Puesto de Salud Puente Bello», con un presupuesto de S/ 170,633.61.
Además, trascendiendo el mero deber administrativo, Giglia Gutiérrez encabezó la entrega de ayuda humanitaria para paliar el frio y la escasez de pastos que afectan la producción de alpacas, base de la economía de Titire. Son acciones que, más allá del litigio, ganan la voluntad de una población necesitada.
Hancco: Negación y ausencia de proyectos
Frente a estas acciones, la postura del gobernador de Puno, Richard Hancco, ha oscillado entre la negación y la excusa. En declaraciones a Radio Onda Azul, descartó que exista un abandono de las fronteras: “Nosotros hemos hecho proyectos de inversión, hemos sido la primera gestión que firmó un límite con Cusco. En todas las fronteras hay actividades y no hemos descuidado ningún sector”, afirmó.
Sin embargo, una consulta a los sistemas de información de inversión pública desmiente rotundamente su declaración. No existe ningún proyecto de inversión registrado o en formulación por parte del Gobierno Regional de Puno específicamente para los centros poblados de Titire y Aruntaya. La evidencia muestra un vacío de iniciativas, lo que contradice las palabras de Hancco y plantea una pregunta incómoda: ¿en qué se gasta un presupuesto de casi mil millones de soles, si no en atender los territorios más vulnerables y en conflicto?
Hancco intentó deslindar responsabilidades en el caso Titire y Aruntaya, señalando que “el problema data de gestiones anteriores” y que “las autoridades de esos centros poblados aparentemente ya dependen de Moquegua”. Anunció que remitirán un documento a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y que cuentan con un abogado exclusivo para el tema fronterizo. Una respuesta jurídica para una problemática que, según demuestra la acción de Moquegua, también requiere de una solución social y real inmediata.
El telón de fondo: una guerra fría por el canon
Para entender la magnitud del conflicto, es necesario escarbar en su trasfondo económico. Milton Cariapaza, ex dirigente aymara, lo explica sin tapujos: se trata de una “estrategia sistemática” de Moquegua por apropiarse de territorios con un interés claro: el canon minero.
Cariapaza revela una diferencia abismal y que duele en Puno: Moquegua, con apenas 250 mil habitantes, recibió S/ 4,870 millones de canon. Puno, con más de un millón de pobladores, percibió solo S/ 2,776 millones. “Este es el interés económico que empuja a las autoridades de Moquegua y a la vez confabulado con las empresas extractivas”, acusa.
Pero la posición de Puno es fuerte en lo legal. Cariapaza recuerda que dos informes técnicos de la Dirección de Demarcación Territorial (DMT) de la PCM –el N° 027 de 2013 y el N° 045 de 2017– dieron la razón a Puno, confirmando con “pruebas contundentes” que los territorios en litigio son puneños. La estrategia de Moquegua ha sido judicializar ambos informes, paralizando el proceso en el Poder Judicial a la espera de un fallo definitivo que tarda en llegar.
Mientras la justicia se demora, Cariapaza denuncia una “manipulación social y administrativa”: promover actores políticos afines en la zona para que las propias comunidades tramiten su pertenencia a Moquegua, aprovechando el “abandono por parte de las autoridades de Puno”.
La lección que Hancco no aprende
El argumento de Hancco sobre la judicialización del caso como una traba para invertir se desmorona ante un hecho simple: la gobernadora de Moquegua sí está invirtiendo a pesar de ello. La judicialización no es un muro infranqueable para la gestión, sino una circunstancia que exige más creatividad y voluntad política.
Aquí, la historia le da un severo jalón de orejas al actual gobernador. En 2011, sus antecesores, Mauricio Rodríguez (Puno) y Martín Vizcarra (Moquegua), entendieron que la integración debía primar sobre el conflicto. Frente al mismo problema, no se cruzaron de brazos. Acordaron una fórmula pragmática y visionaria: inversión mancomunada. Puno se haría cargo de la salud, Moquegua de la educación, en beneficio de la población, sin ceder derechos territoriales y mientras la PCM definía la disputa.
“Los pueblos que están involucrados en las discrepancias no pueden ser perjudicados en su atención; por ello, la mejor forma de buscar solución es el diálogo”, declaró en su momento Rodríguez. Una lección de estadista que el actual gobernador Hancco parece haber olvidado.
Distrito Pichacani exige respeto a Titire
Sergio Eber Carbajal Pérez, alcalde del distrito de Pichacani, se trasladó a la ciudad de Puno para protestar por los problemas de delimitación territorial entre los departamentos de Puno y Moquegua. El burgomaestre exigió que se respete la jurisdicción del centro poblado de Titire, el cual pertenece a su distrito en la provincia de Puno.
La urgencia de actuar
Richard Hancco tiene sobre su escritorio la herramienta más poderosa –un presupuesto abultado– y el antecedente del expresidente regional Rodríguez para actuar. La judicialización es una explicación, pero no una excusa válida para la inacción.
El llamado de Cariapaza es urgente: unir esfuerzos y presionar al Poder Judicial para una resolución. Pero, en paralelo, el llamado para el gobernador Hancco debería ser otro: mirar a la cordillera, aprender de su colega Gilia Gutiérrez, y desempolvar el historial de sus antecesores. La solución no está solo en los tribunales, sino en la voluntad política de gobernar para todos, incluso para aquellos en la frontera más lejana y olvidada. Mientras espera el fallo, Titire se sigue construyendo con cemento, tuberías y ayuda moqueguana. Cada obra es un recordatorio de lo que Puno, con todo su presupuesto elevado, podría estar haciendo y no hace.
