El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció este 30 de abril un decreto de urgencia que permitirá la privatización del sistema de ingreso a los penales del país, empezando por aquellos con mayores problemas de seguridad, como El Milagro de Trujillo. Según precisó, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) ha sido incapaz de solucionar deficiencias persistentes durante más de una década.
Durante su intervención ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, el ministro justificó esta medida a raíz de la reciente fuga de un reo del penal de Lurigancho, hecho que desató una ola de críticas ciudadanas. Arana sostuvo que se busca fortalecer las acciones de inteligencia e investigación penitenciaria, y que la inversión privada sería un actor clave en esta nueva estrategia de control.
INPE ineficiente y sin capacidad
El titular del Minjusdh enfatizó que la selección de empresas privadas se realizará mediante concurso, priorizando los centros penitenciarios con altos niveles de riesgo y deficiencia tecnológica, como la falta de sistemas de rayos X y body-scan. Afirmó que la situación es crítica y que el Estado no puede seguir dependiendo de un Inpe ineficiente y sin capacidad de respuesta.
Si bien la propuesta plantea una solución urgente a un problema grave, también abre la puerta a un debate profundo sobre el rol del Estado en la administración penitenciaria. ¿Será la privatización una respuesta efectiva o solo una salida fácil a años de abandono institucional?
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