El Ministerio Público inició una investigación preliminar por el presunto delito de extorsión contra dirigentes del sector de construcción civil, tras los hechos de violencia ocurridos en las obras del nuevo local del Poder Judicial, ubicado en el sector Semi Rural Pachacútec, distrito de Cerro Colorado, en la región Arequipa.
La investigación fue abierta de oficio por el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa y estará a cargo de la fiscal adjunta provincial Lizet Gómez Saira, quien dispuso un plazo inicial de 60 días para el desarrollo de las diligencias.
Fiscalía ordena diligencias y análisis de videos
Como parte de la investigación, el Ministerio Público encargó las diligencias al Área de Investigación Criminal de Asuntos Sociales de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Entre las acciones dispuestas se encuentra el análisis de registros audiovisuales obtenidos durante los disturbios, así como la recopilación de testimonios y otros elementos probatorios que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.
Empresa denunció presuntas exigencias para contratar personal
De acuerdo con la información oficial, representantes de la empresa responsable de la ejecución de la obra presentaron una denuncia ante la Policía Nacional, en la que señalaron haber recibido llamadas telefónicas mediante las cuales presuntamente se les exigía contratar a determinadas personas para trabajar en el proyecto.
Tras la denuncia, efectivos policiales detuvieron en presunta flagrancia a dos dirigentes de construcción civil identificados con las iniciales L. E. V. y J. Ch. O., quienes actualmente permanecen bajo investigación.
El fiscal provincial Antonio Chacón Roselló, coordinador de las Fiscalías Penales del Distrito Fiscal de Arequipa, indicó que el Ministerio Público evaluará la legalidad de la intervención policial y determinará si existen suficientes elementos que sustenten la presunta comisión del delito de extorsión.
Asimismo, precisó que las investigaciones se desarrollan con carácter reservado para proteger la identidad de la parte denunciante y de los posibles testigos.
Delito de extorsión agravada contempla penas de hasta 20 años
Según la legislación peruana, el delito de extorsión agravada puede ser sancionado con penas privativas de libertad que oscilan entre 15 y 20 años de prisión, dependiendo de las circunstancias y de los elementos que se acrediten durante el proceso judicial.
No obstante, las autoridades recordaron que la responsabilidad penal de los investigados solo podrá establecerse conforme avance la investigación y respetando el principio de presunción de inocencia.
Fiscalía exhorta a ejercer la protesta dentro del marco legal
En paralelo, la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Arequipa exhortó al sindicato de construcción civil a ejercer su derecho constitucional a la protesta de manera pacífica y respetando el orden público.
La institución recordó que conductas como disturbios, entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos y ataques contra infraestructura pueden constituir delitos sancionados por la legislación penal.
También investigan presunta agresión contra periodista
Por otro lado, la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Arequipa inició una investigación preliminar para identificar a los presuntos responsables de la agresión denunciada por una periodista durante las protestas registradas en las inmediaciones de la obra del nuevo local del Poder Judicial.
Las diligencias buscan determinar las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades correspondientes conforme a ley.
