Luego de dos años y varios meses del último homicidio a periodistas locales (Mitzar Castillejos, en Aguaytia, Ucayali, Fernando Núñez, en Pacasmayo) y regionales (Gastón Medina en Ica, Raúl Celis, Loreto), el sábado 19 de septiembre, frente a la Caja Huancayo del distrito de Caraz, en la provincia de Huaylas, en Áncash, sicarios asesinaron a la periodista Susy Aponte, más conocida como la China Polo, por su podcast que se dedicaba a revelar la corrupción en la PNP, en otras niveles del Estado y el mundo privado y los vínculos de la PNP con la minería ilegal y las bandas extorsivas.
El asesinato de la China Polo marca, en ese sentido, el reinicio de homicidios sicariales por encargo a periodistas que investigan la corrupción y otras modalidades del crimen organizado que sigue desbocado desangrando al país. Pero no la asesinaron en Lima, desde donde transmitia su polémico y frontal programa. Su homicidio ocurrió en Caraz en circunstancias que se encontraba en campaña proselitista al gobierno regional de Áncash, al lado de uno de sus colaboradores que resultó herido por las balas contra ella. Obviamente el objetivo era ella. Su colaborador es el daño colateral. La China Polo murió cuando la llevaban al hospital San Juan de Dios.
Según un parte de la policia nacional, lograron detener a un ciudadano venezolano, señalado como el presunto autor de este homicidio sicarial que ha conmocionado a la región Áncash y al país. En otras palabras, al presunto autor material. Pero, ¿quién o quiénes son los autores intelectuales de este criminal que vuelve a enlutar al periodismo? Aún cuando se tiene que realizar una profunda e independiente investigación, es posible sostener la hipótesis de que este homicidio sicarial tendría un tufillo policial y/o político.
¿Por qué esa hipótesis? No sólo porque ella era candidata al gobierno regional de Áncash, sino porque las denuncias en su programa China Polo se caracterizaron por investigar y denunciar casos de presuntos actos de corrupción -entre otros- de los generales de la PNP Óscar Arriola y Víctor Revoredo y, en uno de los últimos programas, denunció directamente que -según sus fuentes- el segundo habría ordenado un «ataque» contra su persona. Asimismo, hace meses y abiertamente, denunció con múltiples vídeos que dichos generales y de la región La Libertad tenían una alianza con La Jauría y la protección a su líder, Jolín.
De acuerdo a esos datos, más una denuncia escrita a las instancias respectivas, es presumible que los autores intelectuales de su homicidio provengan de ese espacio y, a la vez, sea un mensaje policial y/o político a los comunicadores y periodistas que investigan y denuncian la corrupción de altos jefes policiales y autoridades políticas y su confabulación con las economías del crimen organizado: minería ilegal y las bandas extorsivas, secuestradoras y sicariato. Lo que hay que descartar es que su asesinato haya sido ordenado por una banda extorsiva: nunca denunció una amenaza de una banda por cupos.
Jaime Antezana Rivera
