Junio de 2011. La presión del gobierno de Alan García es brutal. Los grandes medios de comunicación han satanizado el «Aymarazo», y la jueza María Candelaria Morales Segura, cediendo a la presión mediática y política, dicta una draconiana detención preliminar contra el líder aymara Walter Aduviri Calizaya. Quince años después, en abril de 2026, la misma jueza tiene en sus manos un pedido fiscal para allanar la casa del alcalde de Puno, Javier Ponce Roque. Pero esta vez, su criterio cambia: duda, exige más pruebas y termina blindando al acusado de corrupción. ¿Qué ocurrió en el medio?
El martillo contra el luchador social
En 2011, la región Puno estaba paralizada. Las protestas contra el proyecto minero Santa Ana, conocidas como el «Aymarazo», movilizaron a miles de campesinos aymaras. Se trataba de un proyecto de minería a cielo abierto ubicado cerca de la frontera con Bolivia, que pretendía explotar más de 63 millones de onzas de plata por un período de 11 años a partir del 2012. La población rechazó el proyecto por el potencial uso y contaminación de las fuentes de agua de la zona, incluyendo el Rio Desaguadero y el Lago Titicaca, que comparten Perú y Bolivia. En medio de la crisis, la fiscalía solicitó la detención preliminar de Walter Aduviri Calisaya, acusado de «entorpecimiento de servicios públicos» y «disturbios».
Sin embargo, el principal sustento de la acusación fue recortes de prensa y una denuncia del Procurador del Ministerio del Interior, a pesar de que los dirigentes habían cumplido con todos los requerimientos fiscales previos. Pese a ello, la jueza María Candelaria Morales Segura ordenó su ubicación y captura, disponiendo que sean puestos a disposición del juzgado
El escudo para el alcalde
En 2026, el tablero cambió. La jueza enfrenta el caso «Los Mandachitos de la Corrupción», una red enquistada en la Municipalidad de Puno. El modus operandi era ruin: policías y funcionarios cobraban coimas para anular papeletas gravísimas (licencias retenidas, conducción en estado de ebriedad con 2.13 g/l de alcohol). Los choferes pagaban desde 500 a 5000 soles, evadiendo multas de hasta 8 mil soles.
El fiscal pidió allanar 23 inmuebles, incluida la casa del alcalde Javier Ponce Roque y la del regidor Jonathan Guerra Monzón, señalados como cabecillas de la confabulación que recibía miles de soles semanales. La respuesta de la jueza fue un “no”.
Mediante la Resolución N° 04, Morales Segura rechazó el ingreso a las viviendas del alcalde y regidores. Su argumento fue técnico: la fiscalía no presentó «indicios concretos» que vincularan sus casas con la evidencia. La consecuencia fue inmediata y grave: la prueba del dinero y los documentos podría perderse para siempre.
Candelaria Morales no escuchó a César San Martín
El ex presidente del Poder Judicial, César San Martín Castro, ha advertido sobre el riesgo que corre un juez cuando se deja llevar por el «ruido». San Martín insiste en que el juez no debe ser un péndulo que se incline por la presión del fiscal o la del defensor, sino un analista frío de la ley.
«El juez debe coincidir con la justicia, no con la posición de las partes», agregó.
Candelaria Morales debería seguir el ejemplo de Youl Riveros
Su colega del mismo distrito judicial, el juez Riveros Salazar, sí tuvo la firmeza de dictar nueve meses de prisión preventiva contra el exalcalde Iván Flores por malversación de fondos de la Festividad Virgen de la Candelaria.
Morales Segura, en cambio, optó por un criterio más benévolo con el actual alcalde Javier Ponce.
El rumor de los «10 mil dólares»
El abogado Miguel Pino Ponce lanza una pregunta al aire que resuena en la agenda política local: «¿Jugarán los diez mil dólares que por gerencia se están recolectando para evitar la prisión preventiva?».
La pregunta no es inocente. Revela la percepción ciudadana de que, en Puno, la corrupción no solo anula papeletas, sino que podría estar comprando silencios y voluntades judiciales.
¿Jueza Candelaria odia a los dirigentes y admira a las autoridades?
El contraste es brutal. Aduviri pasó a ser encarcelado, obligado a pagar una reparación (y años en litigio) por protestar; Ponce Roque, investigado por liderar una red criminal que presuntamente lucró con la seguridad vial, sigue en su sillón municipal, resguardado por una jueza que odia a los dirigentes y admira a las autoridades.
Pruebas del caso Mandachitos
La jueza María Candelaria Morales Segura representa hoy el espejo de una justicia que clasifica a los ciudadanos. Cuando el acusado es un líder social incómodo para el poder de turno, los «indicios» son motivos para mandarlo a la cárcel. Cuando el acusado es el alcalde en funciones, los mismos indicios no son suficientes, sólidos o graves para justificar una medida extrema como la cárcel (prisión preventiva).
