Un caso que golpea directo a la credibilidad de la institución policial. Un capitán de la Policía Nacional del Perú, con un sueldo mensual de S/4 mil, terminó acumulando más de S/31 millones en sus cuentas bancarias en apenas dos años. Y lo que empieza a salir no es menor.
Se trata de Román Vallejos Castillo (39), quien hoy es investigado por la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo, en un esquema que —según las primeras hipótesis— estaría vinculado al robo sistemático de lingotes de oro durante operativos policiales.
Un desbalance imposible de justificar
El punto de quiebre fue el levantamiento del secreto bancario. Ahí se detectó que entre 2023 y 2025 el capitán manejó más de S/31,4 millones, una cifra que no guarda ninguna relación con sus ingresos formales.
Para ponerlo en simple, su sueldo anual bordea los S/48 mil. En dos años, no llegaría ni a S/100 mil. La diferencia es abismal. Y eso es justamente lo que sostiene la Fiscalía: el dinero no tiene sustento legal.
El rol dentro de la presunta red
Según las investigaciones, Vallejos no operaba solo. Su papel habría sido clave, filtrar información sobre el traslado de cargamentos de oro, lo que permitía organizar intervenciones policiales que, en teoría, eran contra la minería ilegal. Pero en la práctica, el resultado era otro.
De acuerdo con un colaborador eficaz, los lingotes incautados nunca llegaban a las autoridades. Eran reemplazados por barras de cobre en un “cambiazo” que luego permitía vender el oro en el mercado clandestino. El dinero, según esta versión, se repartía entre los integrantes de la organización.
Operativos bajo sospecha
La Fiscalía ya identificó al menos dos intervenciones concretas. La primera ocurrió el 22 de mayo de 2023, en inmediaciones de la empresa Servicios Aeroportuarios Andinos (SASAA), en el Callao. La segunda, el 10 de julio del mismo año, en una operación similar.
En ambos casos, el patrón se repite: intervención policial por supuesto lavado de activos, incautación de oro… y posterior desaparición del material real.
Uno de los detalles que más llama la atención es un abono de S/8,5 millones en la cuenta del capitán Vallejos, que coincide en fechas con uno de estos hechos.
Una estructura dentro de la propia Policía
Lo que más preocupa no es solo el monto, sino quiénes estarían involucrados. La presunta red incluiría a oficiales y subalternos de unidades sensibles como la Brigada Especial contra la Criminalidad de San Juan de Lurigancho y el área de inteligencia de la Dirincri.
Entre los implicados figuran el capitán Jorge Benítez, quien habría organizado los operativos, y el coronel Rafael Morón Díaz, jefe de la brigada en ese momento. En total, 10 efectivos fueron detenidos el pasado 23 de abril. Sin embargo, solo tres permanecen con prisión preventiva.
La defensa y las dudas
Vallejos sostiene que el dinero proviene de su empresa, Prama Cars, dedicada a la compra y venta de vehículos usados. Pero hay un problema. Los números no cierran.
Según la Fiscalía, la empresa llegó a manejar 96 vehículos, pero sus ingresos están muy por debajo de los S/31 millones detectados. A lo que apunta la investigación es claro: el flujo de dinero excede ampliamente cualquier actividad comercial declarada.
Un caso que recién empieza
El fiscal Luis Mina Abanto ya lo ha dicho, los dos casos detectados no serían los únicos. Y los S/31 millones encontrados serían solo una parte de un esquema más amplio.
A partir de aquí, la investigación entra a una fase clave. Identificar más operaciones, más implicados y, sobre todo, determinar hasta qué nivel llegó esta red dentro de la institución.
Porque más allá de un capitán, lo que está en juego es algo más grande: la confianza en quienes deberían combatir el delito, no formar parte de él.
