El Poder Judicial ordenó 12 meses de prisión preventiva para ocho miembros del Ejército Peruano investigados por la muerte de cinco civiles durante un operativo militar realizado el pasado 25 de abril en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, región Huancavelica.
La medida fue dictada por el juez José Matos Centeno, quien consideró que existen elementos suficientes para garantizar el desarrollo de las investigaciones y evitar posibles riesgos para el proceso penal en curso.
La decisión judicial se produjo luego de una extensa audiencia desarrollada entre el viernes 19 y la madrugada del sábado 20 de junio, en la que la Fiscalía presentó diversos elementos de convicción relacionados con el caso.
Fiscalía cuestiona actuación militar durante operativo
Durante la audiencia, el fiscal Jhoel Chamorro Makukachi sostuvo que las investigaciones preliminares evidencian un presunto uso excesivo de la fuerza por parte de los efectivos militares.
Según la tesis fiscal, los investigados no habrían tenido como objetivo detener a las personas intervenidas, sino que realizaron disparos directos contra la camioneta en la que se desplazaban las víctimas.
Asimismo, indicó que los peritajes balísticos realizados hasta el momento muestran que todos los militares investigados habrían efectuado disparos durante la intervención.
La Fiscalía también señaló que algunos efectivos se negaron a brindar declaraciones sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos, aspecto que fue considerado dentro de la evaluación judicial.
Peritajes descartarían enfrentamiento armado
Uno de los principales argumentos presentados por el Ministerio Público corresponde a las actas de intervención policial y los informes periciales incorporados a la investigación.
De acuerdo con la documentación expuesta durante la audiencia, no se habrían encontrado elementos que acrediten la existencia de un enfrentamiento armado entre los militares y las víctimas, versión que inicialmente fue sostenida por los efectivos investigados.
La Fiscalía también presentó las actas de entrega de armamento y municiones que acreditan que la patrulla militar contaba con fusiles de asalto SCAR-L calibre 5.56, granadas y equipamiento táctico asignado para la operación.
Necropsias revelan múltiples impactos de bala
Otro de los elementos considerados por la Fiscalía fueron los resultados de las necropsias y las actas de levantamiento de cadáveres.
Según estos documentos, las víctimas fallecieron a consecuencia de múltiples impactos de proyectil de arma de fuego, principalmente en zonas vitales como la cabeza y el tórax.
Para el Ministerio Público, estos hallazgos fortalecen la hipótesis de los presuntos delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio que son materia de investigación.
Cinco víctimas mortales
Las personas que perdieron la vida durante el operativo fueron identificadas como Nilson Montenegro Valencia (25), ciudadano colombiano, además de los peruanos Wilder Romero Sevipaucar (32), Jaime Bendezú Paraguay (28), William Núñez Soto (19) y Cristian Vilcatoma Águila (18).
Sus familiares exigen el esclarecimiento de los hechos y que se determinen las responsabilidades correspondientes conforme avance el proceso judicial.
Defensa sostiene que cumplían una misión antidrogas
Por su parte, la defensa de los militares argumentó que los efectivos cumplían una orden destinada a intervenir a presuntos narcotraficantes que, según información de inteligencia, pretendían trasladar aproximadamente 500 kilogramos de droga por la zona de Colcabamba.
Sin embargo, la Fiscalía indicó que los peritajes practicados al vehículo intervenido no detectaron presencia de cocaína ni otros indicios que sustenten dicha versión.
El caso continúa en investigación y será el Poder Judicial quien determine las responsabilidades penales correspondientes una vez culminadas las diligencias y etapas procesales previstas por ley.
