La discusión sobre el futuro de la minería en el país vuelve a encenderse. Esta vez, ComexPerú cuestionó con firmeza el dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, al advertir que la propuesta podría generar más incertidumbre que soluciones en un sector clave para la economía nacional.
Desde el gremio, la preocupación es directa, el proyecto que modifica la Ley General de Minería y el régimen de concesiones no estaría ordenando la actividad, sino cambiando las reglas de juego en medio del proceso. Y eso, en un rubro que depende de estabilidad a largo plazo, pesa bastante.
Cambios que generan incertidumbre
Uno de los puntos más sensibles es que el dictamen permitiría la revocación de concesiones bajo causales consideradas discrecionales. En palabras simples, se estaría debilitando la seguridad jurídica de derechos ya otorgados, lo que abre la puerta a decisiones que podrían no ser previsibles para las empresas.
A eso se suma la propuesta de implementar “mecanismos de participación en beneficios”, que según ComexPerú, podrían terminar convirtiéndose en transferencias forzadas. Es decir, medidas que, en lugar de incentivar la inversión, podrían desincentivarla.
Más trabas para la formalidad
Otro aspecto que genera ruido es que la iniciativa, lejos de simplificar procesos, añadiría más cargas a las empresas formales. Entre ellas, mayores costos, penalidades y plazos más cortos que no necesariamente reflejan los tiempos reales de un proyecto minero.
Y aquí hay un punto clave que suele verse en clase cuando analizamos políticas públicas, si aumentas exigencias sin resolver los cuellos de botella del propio Estado (permisos, acceso a tierras, consulta previa), el resultado no es eficiencia, es paralización.
Según el gremio, esto podría traducirse en menos exploración, mayor riesgo para nuevos proyectos y, en el peor escenario, inversiones que simplemente decidan irse a otros países.
Impacto en empleo y desarrollo
El tema no se queda en lo técnico. ComexPerú advierte que las consecuencias también podrían sentirse en el empleo y en las regiones que dependen de la actividad minera.
Solo como referencia, la minería formal transfirió más de S/ 10,045 millones a las regiones al cierre de 2025. Sin embargo, el problema —según señalan— no está en la falta de recursos, sino en la baja ejecución del gasto público a nivel regional y local.
A partir de ahí, el argumento es claro, no se puede corregir la ineficiencia del Estado afectando a un sector que ya genera ingresos y empleo formal.
Llamado a una revisión técnica
Frente a este escenario, el gremio pidió que el dictamen sea revisado en un espacio técnico, con evaluación económica y legal clara sobre sus impactos reales.
Al final, lo que está en juego no es solo una norma. Es la señal que el país envía a quienes invierten a largo plazo. Y si esa señal es de incertidumbre, el efecto puede sentirse rápido, menos proyectos, menos empleo y menos crecimiento.
La discusión sigue abierta, pero el mensaje de ComexPerú es bastante directo, si la intención es destrabar la inversión, el camino no es sumar más reglas, sino hacer que las que ya existen funcionen mejor.
