“Desde hace muchos años nosotros venimos conservando, aquí vivieron nuestros ancestros y estábamos contentos. Este es nuestro territorio, nuestra casa, nuestro bosque. Pensábamos que estábamos asegurados en ese territorio, pero en cualquier momento el Estado concesiona a alguna empresa petrolera o maderera. Eso nos afecta, no es justo”, dice Guido Sandoval, jefe de la guardia indígena de la Organización Indígena Secoya.
En la sala de reunión donde recibe a Mongabay Latam, Sandoval habla del valiente guerrero Wajosa’ra, un líder histórico que según los relatos ancestrales, lideró a su pueblo contra invasores y que ahora se ha convertido en el símbolo de la guardia indígena. “Es el nombre de un guerrero secoya muy valiente”, comenta Sandoval mientras muestra su imagen.
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En octubre pasado, una delegación del pueblo secoya viajó desde la frontera de Perú con Ecuador y Colombia hasta la ciudad de Lima, capital de Perú, para reunirse con autoridades y organizaciones de la sociedad civil. El objetivo era poner sobre la mesa el problema de la titulación de sus comunidades, así como las amenazas que existen en su territorio.
En 2021, las comunidades nativas San Martín de Porres, Mashunta y Vencedor-Wajoya presentaron una demanda contra la Dirección Regional Agraria del Gobierno Regional de Loreto para solicitar que se titule la integridad de sus territorios como propiedad y no como cesión de uso, la forma en la que recibieron la mayor parte de su territorio.
En una primera instancia el Poder Judicial les dio la razón. Sin embargo, en segunda instancia, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto revocó la sentencia. El caso ha llegado al Tribunal Constitucional a la espera del fallo.
En medio del proceso legal que atraviesan, los secoya enfrentan una serie de amenazas territoriales. Presiones por el interés de petroleras y madereras de ingresar al territorio, presencia de minería ilegal y grupos armados se acumulan en este territorio fronterizo con altos índices de pobreza.
Un pueblo amenazado
“Alrededor de 2012, más o menos, concesionaron el Lote [petrolero] 117. Nosotros hemos luchado y se ha anulado, no ha entrado la empresa. El territorio está sano y virgen, donde nosotros tenemos nuestra biodiversidad”, menciona Sandoval en referencia al territorio que ocupan en las cuencas de los ríos Putumayo y Napo, en el departamento amazónico de Loreto.
El Lote petrolero 117, con una extensión de 13 865 kilómetros cuadrados (1 386 500 hectáreas), localizado en Loreto, en la frontera con Ecuador y Colombia, fue otorgado en 2006 a la empresa brasileña Petrobras. Los reclamos de los pueblos indígenas que viven en la zona de este lote surgieron de inmediato puesto que la concesión se entregó sin consulta previa.
Durante siete años la Federación Indígena Kichwa del Alto Putumayo Inti Runa (Fikapir) y la Organización Indígena Secoya del Perú (Oispe) reclamaron ante la amenaza de la actividad petrolera, hasta que en 2013 Petrobras abandonó sus operaciones. Desde entonces el lote permanece sin ser concesionado. Actualmente, el geoportal de Perupetro no muestra la presencia de ningún lote petrolero en el territorio secoya.
Sin embargo, este pueblo y sus bosques no son ajenos a otras amenazas. Se trata, además, de un pueblo que ya ha sido fragmentado históricamente, pues los secoya son parte de la misma familia de la nacionalidad siekopay en Ecuador. Su gran territorio original se extiende en ambos países, con una población que podría llegar a 2000 personas.
Se calcula que en Ecuador son aproximadamente 830 personas en cinco comunidades, mientras que en Perú alcanzan las 1200 personas en ocho comunidades –Bellavista de Yubineto, Mashunta, San Velit de Yaricaya, Angusilla, Zambelin de Yaricaya, Santa Rita, San Martín de Porres y Vencedor Wajoya– reunidas en la Organización Indígena Secoya del Perú (OISPE).
“El caso de la nacionalidad secoya muestra cómo la superposición de jurisdicciones estatales, áreas protegidas y proyectos extractivos puede fragmentar un espacio de vida cuya continuidad desborda los límites nacionales”, señala el informe Fragmentación territorial, despojo y violencia contra los Pueblos y Naciones Originarias Transfronterizas: violaciones sistemáticas y multidimensionales de derechos y obligaciones estatales de protección en Ecuador, Colombia y Perú, publicado el 28 de octubre de 2026.
Es un pueblo que sufrió la violencia de la época del caucho y también la guerra de 1941 –conflicto territorial entre Perú y Ecuador–, con su posterior delimitación fronteriza entre ambos países. Ambos procesos “profundizaron la separación de familias y territorios, mientras las actividades extractivas modificaron el acceso y uso de los espacios ancestrales”, señala el informe.
Ahora, enfrentan la violencia del narcotráfico, así como un incremento de la presencia de grupos armados en territorios indígenas y la minería ilegal. “En Putumayo hay presencia de grupos ilegales. Es una de las preocupaciones que trajeron los hermanos [indígenas] por lo que han enviado un memorial a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)”, señala Daniela Andrade, coordinadora Regional-Perú de Amazon Frontlines.
El informe presentado recientemente también hace referencia a las audiencias de 2019 y 2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que documentaron afectaciones a los territorios, los recursos y la continuidad cultural de los pueblos indígenas vinculadas con actividades mineras, petroleras y proyectos de infraestructura.
La disputa legal por el territorio
“El territorio donde vivimos es como prestado. Eso no parece justo para nosotros. Debería ser un territorio integral para los pueblos indígenas. Realmente ese título que nos han entregado es muy preocupante para nosotros”, afirma el líder indígena Guido Sandoval sobre la disputa legal que atraviesa su pueblo por su territorio.
El abogado Juan Carlos Ruiz, del Instituto de Defensa Legal, explica cuál es el problema. “En el caso de las comunidades del pueblo secoya alrededor del 80 % del territorio les ha sido entregado en cesión en uso y solo un 20 % como propiedad”, dice.
Cesión en uso es una figura legal que implica que no se reconoce propiedad, sino que el Estado ‘presta’ la tierra a las comunidades nativas por un tiempo indeterminado, en calidad de posesión, se explica en un informe del Instituto de Defensa Legal.
La demanda presentada por las comunidades Mashunta, San Martín y Vencedor-Wajoya en 2021 cuestionó la aplicación de la figura de cesión en uso a las tierras de aptitud forestal y argumentaba que este régimen no garantizaba la relación histórica, cultural y espiritual del pueblo secoya con su territorio.
Tres años después, el 31 de octubre de 2024, el Juzgado Mixto de El Estrecho declaró fundada la demanda y ordenó a la Dirección Regional Agraria de Loreto rectificar los títulos de ampliación de propiedad de las comunidades para incorporar las áreas clasificadas como forestales. Una decisión que fue impugnada y que terminó con una sentencia en contra del pueblo indígena.
Actualmente, el reclamo se encuentra en el Tribunal Constitucional, que celebró una audiencia pública descentralizada en Iquitos el 17 de julio último. Los líderes indígenas secoya que participaron de la audiencia reiteraron su pedido para que se titule la totalidad de su territorio.
En sus redes sociales, la senadora Patricia Iturregui publicó: “Me reuní con representantes del pueblo secoya de Loreto, quienes llevan años luchando por algo fundamental: que se respete su territorio. No es aceptable que el propio Gobierno Regional entregue sus tierras en cesión de uso para actividades agrícolas, ganaderas o acuícolas, ignorándolos como verdaderos dueños de su historia y de sus tierras”. “Hoy su causa está en el Tribunal Constitucional. Desde mi despacho, seguiré muy de cerca esta sentencia para garantizar que los derechos de nuestras comunidades nativas no sigan siendo invisibilizados”, precisó.
“El tema tiene que ver con la presencia de Bosque de Protección Permanente (BPP) dentro de las áreas colindantes a estas comunidades. En la zona del Putumayo existe más de un millón de hectáreas de BPP que, por las normativas, impide otorgar derechos de titularidad sobre estos terrenos”, dice Carlos Castillo, director regional de Desarrollo Agrario y Riego de Loreto (Dirdagri), del Gobierno Regional de Loreto.
Castillo agrega que “la cosmovisión de las comunidades y su cultura ancestral los lleva a considerar que el territorio es integral para sus comunidades, cuando por la legislación y los derechos preexistentes, muchas veces no es posible”.
- Este reportaje fue publicado originalmente en el portal aliado Mongabay Latam.
