El Congreso de la República aprobó en primera votación un proyecto de ley que modifica el Código Penal Militar Policial y establece que los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional durante el ejercicio de sus funciones sean conocidos por la jurisdicción militar-policial, limitando la intervención de la justicia ordinaria.
La iniciativa legislativa fue respaldada por 60 congresistas, mientras que 34 votaron en contra y 10 se abstuvieron durante la sesión plenaria realizada el 12 de junio. El proyecto lleva la firma de la congresista Karol Paredes, de Avanza País.
Antes de la votación, el legislador Víctor Cutipa, de Juntos por el Perú, solicitó mediante una cuestión previa que la propuesta retornara a la Comisión de Justicia para un nuevo análisis. Sin embargo, el pedido fue rechazado por la mayoría parlamentaria.
¿Qué propone la reforma?
La iniciativa busca impedir que un mismo hecho sea investigado simultáneamente en la jurisdicción ordinaria y en la militar-policial. De esta manera, si existe un proceso abierto en el fuero militar, no podría desarrollarse una investigación paralela por los mismos hechos en la justicia común.
Además, el proyecto incorpora disposiciones para que, en casos de controversia sobre competencias, la Corte Suprema privilegie la intervención de la jurisdicción militar-policial.
La propuesta aún debe superar una segunda votación en una nueva sesión legislativa. De ser aprobada nuevamente, será enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación u observación.
Defensores de la norma hablan de justicia especializada
Durante el debate, el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, defendió la propuesta argumentando que los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas requieren ser juzgados por magistrados especializados que comprendan las particularidades de sus funciones.
Según sostuvo, la medida permitiría garantizar procesos más objetivos para quienes enfrentan investigaciones derivadas de acciones realizadas en cumplimiento de sus labores de seguridad y defensa.
La postura fue respaldada por bancadas como Fuerza Popular y Renovación Popular, que consideran que la reforma evita una doble persecución judicial contra los efectivos policiales y militares.
Advierten riesgo de impunidad y afectación a los derechos humanos
La iniciativa también generó una fuerte reacción de sectores de oposición, especialistas en derechos humanos y organizaciones jurídicas, quienes advierten que la reforma podría ampliar excesivamente las competencias del fuero militar-policial.
La congresista Susel Paredes cuestionó la propuesta al considerar que vulnera el principio de igualdad ante la ley y crea un trato diferenciado para policías y militares involucrados en delitos comunes.
En la misma línea, el abogado Carlos Rivera, integrante del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostuvo que la norma podría utilizarse para trasladar al fuero militar casos que actualmente corresponden a la justicia ordinaria, incluidos procesos relacionados con violaciones a los derechos humanos.
Para el especialista, la redacción aprobada amplía el concepto de delito de función más allá de los límites establecidos por la jurisprudencia nacional e internacional, lo que podría impactar en investigaciones vinculadas al conflicto armado interno o a recientes protestas sociales.
Rivera también cuestionó que la Corte Suprema deba privilegiar la jurisdicción militar-policial en conflictos de competencia, al considerar que ello afectaría la independencia del Poder Judicial.
Ruth Luque anuncia posible demanda de inconstitucionalidad
La congresista Ruth Luque calificó la iniciativa como una medida inconstitucional y adelantó que, de aprobarse definitivamente, existen fundamentos para presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional.
La parlamentaria sostuvo que la propuesta representa un retroceso en los mecanismos de control sobre eventuales delitos cometidos por agentes del Estado y recordó antecedentes históricos en los que miembros de las fuerzas del orden fueron procesados en tribunales militares pese a estar involucrados en delitos comunes.
El debate continuará en las próximas semanas, cuando el Congreso someta la iniciativa a una segunda votación. El resultado será determinante para definir si la reforma se convierte en ley y modifica de manera significativa el alcance de la justicia militar-policial en el Perú.
