El Congreso de la República aprobó una nueva ley que endurece las medidas de seguridad en los centros penitenciarios y juveniles del país, con el objetivo de frenar las actividades delictivas que continúan operando desde las cárceles mediante el uso ilegal de celulares y equipos de comunicación.
La norma fue aprobada por amplia mayoría en el Pleno con 100 votos a favor, ningún voto en contra y una abstención. Posteriormente, el Parlamento también acordó exonerarla de segunda votación con 92 votos, quedando lista para su eventual promulgación por parte del Poder Ejecutivo.
Ley endurece penas por ingreso de celulares y armas a penales
El dictamen aprobado modifica el Código Penal, el Código de Ejecución Penal y el Decreto Legislativo 1688 para reforzar el control interno en establecimientos penitenciarios y centros juveniles.
Entre las principales medidas, la nueva legislación convierte en delito el ingreso, intento de ingreso o facilitación de teléfonos celulares, equipos de comunicación digital, cámaras fotográficas y dispositivos de filmación dentro de las cárceles.
Además, la norma establece penas de hasta 15 años de prisión cuando estos actos sean cometidos por funcionarios del INPE, servidores públicos o abogados vinculados a internos.
También se tipifica como delito autónomo la posesión de celulares, armas de fuego, municiones y explosivos al interior de los penales, especialmente cuando estos equipos sean utilizados para coordinar extorsiones, sicariato o amenazas desde prisión.
Congreso busca frenar delitos coordinados desde cárceles
Durante el debate parlamentario, legisladores señalaron que numerosas organizaciones criminales continúan dirigiendo actividades ilícitas desde establecimientos penitenciarios utilizando equipos móviles ingresados ilegalmente.
El presidente de la Comisión de Justicia, Flavio Cruz Mamani, sostuvo que la reforma permitirá fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar las comunicaciones ilegales dentro de las cárceles.
“Muchos delitos de extorsión, amenazas y crimen organizado siguen siendo coordinados desde los penales mediante celulares”, señaló durante la sustentación del dictamen.
Empresas telefónicas deberán reforzar bloqueo de señales
Otro de los puntos centrales de la norma obliga a las empresas operadoras de telecomunicaciones a garantizar el bloqueo efectivo de señales móviles en los perímetros penitenciarios.
La ley también faculta al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público, a ejecutar intervenciones tecnológicas para detectar y neutralizar redes clandestinas de comunicación dentro de los pabellones carcelarios.
Según el Congreso, estas medidas buscan recuperar el control de los centros penitenciarios y reducir el impacto de organizaciones criminales que operan desde prisión.
Reforma genera debate sobre control penitenciario
La aprobación de la norma se produce en medio del incremento de casos de extorsión, sicariato y amenazas atribuidos a bandas criminales que operan desde distintos penales del país.
Especialistas en seguridad consideran que el endurecimiento de sanciones podría contribuir a reducir las comunicaciones ilegales; sin embargo, advierten que el éxito de la reforma dependerá también de controles internos eficientes y supervisión permanente dentro del sistema penitenciario peruano.
