La Comisión Permanente del Congreso de la República decidió archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y varios exministros por los 50 fallecimientos ocurridos durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. La medida ha generado fuertes críticas, ya que, según especialistas, el archivamiento no pone fin a la búsqueda de justicia en casos que podrían ser considerados delitos de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles.
La votación se llevó a cabo este miércoles, con 12 votos a favor y 10 en contra, paralizando de manera formal las investigaciones contra la mandataria y sus excolaboradores. La decisión se sustentó en el informe elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Lady Camones (APP), que recomendó el archivo tras evaluar el expediente remitido por el exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena.
El documento oficial concluyó que no existía evidencia directa ni constitutiva de infracción penal que vincule a la presidenta Boluarte, argumento que sirvió como base para desestimar la denuncia. Esta decisión también beneficia al expresidente del Consejo de Ministros Pedro Angulo Arana y al exministro de Defensa Alberto Otárola, así como a los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero Fernández.
Votación dividida en el Congreso
Entre quienes apoyaron el archivo figuran parlamentarios de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Somos Perú y Honor y Democracia. Desde las filas fujimoristas votaron a favor Arturo Alegría, César Revilla, Patricia Juárez y Tania Ramírez, mientras que Lady Camones y María Acuña lo hicieron en representación de APP.
La denuncia original contemplaba cargos por homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves contra los funcionarios. Sin embargo, el abogado de las víctimas César Quispe Calsín sostuvo que la decisión del Congreso ignora pruebas contundentes como protocolos de necropsia, órdenes de operaciones, actas del Consejo de Ministros, fotografías y testimonios que constan en cientos de tomos de investigación.
Críticas y advertencias legales
Quispe Calsín acusó al Parlamento de “hacerse el ciego ante la evidencia” y calificó como una “gran mentira” la supuesta falta de pruebas. Recordó que los delitos de lesa humanidad no prescriben y advirtió que, concluido este gobierno o en un plazo máximo de cinco años, los responsables podrían ser procesados como cualquier ciudadano.
Asimismo, señaló que de no hallarse justicia en el país, se recurrirá al sistema interamericano de derechos humanos, donde los congresistas que votaron a favor del archivo podrían ser considerados cómplices de violaciones graves a los derechos humanos.
El jurista evocó casos históricos de impunidad, como la matanza de Huancho Lima en 1923, y comparó la situación actual con los años noventa, cuando el expresidente Alberto Fujimori impulsó leyes de amnistía, aunque posteriormente varios de sus colaboradores fueron procesados y condenados.
Impacto político y futuro del caso
Esta no es la única denuncia contra Dina Boluarte. La Fiscal de la Nación mantiene otros procesos abiertos, aunque Quispe Calsín advirtió que podrían correr la misma suerte en el Congreso. El abogado exhortó a la ciudadanía a “recuperar las instituciones capturadas por mafias” y sancionar en las urnas a los parlamentarios que respaldan a la mandataria.
La decisión del Congreso envía, según críticos, un mensaje de impunidad, al sugerir que las fuerzas del orden pueden actuar sin consecuencias legales.
