El Congreso de la República ha aprobado un polémico gasto de S/8’334,540 para la adquisición de 4,500 tarjetas electrónicas de consumo, cada una con un valor de S/1,852. Este beneficio, que se otorga como aguinaldo navideño para trabajadores y parlamentarios, supera en más de S/800 el sueldo mínimo vital vigente en el país, fijado en S/1,025.
Decisión de la Mesa Directiva
La medida fue aprobada mediante el Acuerdo 048-2024-2025/MESA-CR, firmado por la Mesa Directiva del Congreso, integrada por miembros de las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y Perú Libre. La disposición no solo reafirma el acceso a beneficios exclusivos para el personal legislativo, sino que también se da en un contexto de recesión económica que golpea duramente a la población peruana.
Gasto Adicional en Tarjetas para Celebraciones
El Congreso también aprobó la adquisición de 35 tarjetas adicionales, cada una con un valor de S/1,700, destinadas a eventos como el Día de la Madre, el Día del Padre y el Día del Trabajo. Este gasto asciende a aproximadamente S/59,500, lo que incrementa aún más las críticas hacia el manejo de los recursos públicos por parte del Legislativo.
Controversia en un Contexto de Crisis
La decisión de destinar más de S/8 millones en beneficios económicos ha generado un amplio rechazo en sectores de la ciudadanía y en expertos en gestión pública, quienes consideran que estas asignaciones no responden a las prioridades del país. Perú atraviesa un periodo de recesión económica, con miles de familias enfrentando dificultades para cubrir sus necesidades básicas. En este contexto, el uso de recursos públicos para bonificaciones de esta magnitud plantea serias preguntas sobre la sensibilidad y las prioridades del Congreso frente a las demandas sociales.
¿Es Justificable Este Gasto?
Las críticas también se centran en la falta de transparencia y criterio para justificar este tipo de erogaciones. Analistas cuestionan si este dinero podría haberse destinado a sectores clave como educación, salud o infraestructura, áreas que requieren con urgencia una inversión significativa para impulsar el desarrollo y mitigar los efectos de la crisis económica.
El gasto aprobado por el Congreso refleja una desconexión entre las necesidades de la población y las decisiones de sus representantes, alimentando un clima de descontento y desconfianza hacia las instituciones.
