La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico superior a S/ 3.4 millones en la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) de Puno, producto de la aprobación y entrega irregular de canastas navideñas durante los años 2022, 2023 y 2024, beneficio otorgado sin sustento legal ni técnico y financiado con recursos públicos.
De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 25594-2025-CG/GRPU-AC, la universidad destinó S/ 3 467 695 para la compra y distribución de canastas bajo el concepto de “racionamiento”, dirigido a personal administrativo, docentes, locadores de servicios, cesantes y otros beneficiarios, pese a que este concepto no constituye una condición indispensable de trabajo, conforme a la normativa vigente.
Compra autorizada sin sustento legal
La auditoría señala que la comisión de negociación colectiva aprobó inicialmente la entrega de canastas al personal administrativo, mientras que diversas áreas de la universidad tramitaron y autorizaron la compra para otros grupos laborales, sin contar con informes técnicos, legales ni presupuestales suficientes, lo que derivó en el uso indebido de fondos del Estado.
Según el órgano de control, estas decisiones vulneraron los principios de legalidad, eficiencia y correcta administración de los recursos públicos, al no estar debidamente justificadas como beneficios laborales esenciales.
Graves deficiencias en control interno y gestión documental
El informe de la Contraloría también expone serias deficiencias en los controles internos de la UNA Puno, entre ellas la ausencia de mecanismos adecuados para regular la negociación colectiva y la inexistencia de una unidad responsable de custodiar los convenios suscritos.
Asimismo, se identificó un manejo deficiente de la documentación, con archivos incompletos, desordenados y almacenados en condiciones inadecuadas, lo que pone en riesgo la integridad y trazabilidad de la información administrativa.
Once implicados y recomendaciones
Como resultado del control posterior, la Contraloría determinó presunta responsabilidad civil y administrativa en 11 exfuncionarios y servidores públicos que participaron en la aprobación, tramitación y ejecución de las compras observadas.
Ante ello, el órgano de control recomendó al titular de la Universidad Nacional del Altiplano realizar el deslinde de responsabilidades, iniciar las acciones administrativas correspondientes y fortalecer los sistemas de control interno y gestión documental, a fin de evitar la reiteración de este tipo de irregularidades.
El informe completo se encuentra disponible en el Buscador de Informes de Servicios de Control del portal institucional de la Contraloría General de la República.
