La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades en el proceso de selección convocado por la Municipalidad Provincial de Azángaro para la ejecución de la obra “Creación de servicios deportivos y recreacionales en la comunidad de Tintiri”, situación que habría generado un perjuicio económico de S/ 61 843 para la entidad.
Según el Informe de Control Específico N.° 042-2026-2-0457, que evaluó hechos ocurridos entre el 28 de diciembre de 2023 y el 1 de abril de 2024, los integrantes del comité de selección incluyeron en las bases del proceso un requisito adicional relacionado con el cumplimiento de la norma de seguridad en obras G.050, pese a que este no era obligatorio para la admisión de ofertas ni figuraba en las bases estándar aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Como resultado, ocho propuestas que cumplían con los requisitos fueron declaradas no admitidas por no presentar un documento que no correspondía exigir en esa etapa del procedimiento. Además, otra oferta fue rechazada a pesar de que la empresa había presentado la documentación requerida a través de su representante común, conforme a las exigencias establecidas por el propio comité.
La Contraloría señaló que estas decisiones redujeron la competencia y permitieron que solo un postor continuara en el proceso, obteniendo finalmente la buena pro. De esta manera, la municipalidad contrató la ejecución de la obra por S/ 618 431, mientras que existían nueve propuestas no admitidas con ofertas de S/ 556 588, generándose una diferencia de S/ 61 843 en perjuicio de la entidad.
Asimismo, el órgano de control advirtió que, pese a que el OSCE recomendó declarar la nulidad del procedimiento por vulnerar los principios de transparencia, competencia y libre concurrencia, la Subgerencia de Abastecimiento, que ejercía la presidencia del comité de selección, no adoptó las medidas correctivas correspondientes y continuó con la suscripción del contrato.
Ante estos hechos, la Contraloría recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones legales pertinentes para determinar las responsabilidades penales de los funcionarios y servidores involucrados.
