El reciente Decreto Supremo N.º 003-2026-DE, que modifica el reglamento sobre el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en zonas declaradas en estado de emergencia, ha encendido el debate en torno a sus implicancias legales y su impacto en los derechos humanos en el país.
El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, cuestionó duramente la norma al considerar que podría generar un escenario de impunidad frente a posibles excesos en operativos militares. En declaraciones a un medio radial, el jurista alertó que el dispositivo legal introduce condiciones que, en la práctica, podrían eximir de responsabilidad penal a efectivos castrenses en intervenciones vinculadas al control del orden interno.
La norma, publicada el 2 de abril en el Diario Oficial, establece que las Fuerzas Armadas podrán intervenir en apoyo a la Policía Nacional del Perú en contextos como terrorismo, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal y protección de activos estratégicos, especialmente cuando la capacidad operativa de la PNP se vea superada.
Según el análisis de Quispe, el aspecto más preocupante radica en la exclusión de la aplicación del artículo 20 del Código Penal en determinados escenarios, lo que podría abrir la puerta a acciones que deriven en afectaciones a la vida o integridad de las personas sin consecuencias legales para los responsables.
El especialista advirtió que esta disposición cobra particular relevancia en un contexto político marcado por la proximidad de procesos electorales y la posibilidad de protestas sociales. A su juicio, la norma podría sentar un precedente riesgoso si se utiliza para justificar intervenciones desproporcionadas frente a movilizaciones ciudadanas.
Asimismo, cuestionó lo que calificó como una “involución” en la delimitación de funciones entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Recordó que, en el marco constitucional, el control del orden interno corresponde a la PNP, mientras que la participación militar debe ser excepcional y bajo criterios estrictos.
Para el abogado, la posibilidad de que las Fuerzas Armadas actúen en escenarios preventivos, sin que exista un hecho grave consumado, incrementa el riesgo de vulneraciones a los derechos fundamentales. En ese sentido, enfatizó que la experiencia reciente de las protestas sociales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 debería servir como antecedente para evaluar con mayor rigurosidad este tipo de medidas.
El debate sobre el alcance del decreto se instala así en la agenda pública, en un momento en el que el país enfrenta desafíos en materia de seguridad y gobernabilidad, pero también demandas crecientes de respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales.
