La presidenta de la República, Dina Boluarte, ha dado a conocer una nueva medida que establece un marco legal para que los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FFAA) sean procesados exclusivamente en el fuero militar-policial cuando usen la fuerza en cumplimiento de sus funciones. La decisión se anunció tras la conclusión del Consejo de Estado, resaltando la intención del gobierno de brindar respaldo jurídico a los efectivos de seguridad en su accionar.
Este nuevo marco jurídico limitaría la responsabilidad judicial de militares y policías al fuero militar-policial, garantizando que su labor en el control del orden público no sea evaluada en otras instancias, siempre y cuando se trate del uso de sus armas de reglamento y exista un informe de inspectoría como requisito previo para cualquier proceso. «Se ha establecido un marco legal constitucional para asegurar que los miembros de la PNP y las FFAA puedan hacer uso de la fuerza en el cumplimiento de sus funciones, y que solo el Fuero Militar-Policial sea competente para juzgarlos en tales casos», afirmó Boluarte en conferencia de prensa.
¿Qué Implica Esta Medida para la Justicia y la Seguridad en el Perú?
El anuncio no está exento de polémica. Según el abogado constitucionalista Heber Joel Campos, la Constitución peruana estipula que el fuero militar solo debe aplicarse a delitos estrictamente vinculados a las funciones militares o policiales. En caso de que los efectivos cometan delitos comunes en el ejercicio de sus funciones, estos deberían ser juzgados en el fuero civil u ordinario. «La medida es preocupante porque ignora el límite constitucional que permite el fuero militar solo en casos estrictamente funcionales y puede llevar a la impunidad en situaciones de excesos», expresó Campos, quien advierte que este cambio podría poner en riesgo derechos fundamentales y contradecir una práctica jurídica consolidada.
El debate sobre el fuero militar también ha cobrado relevancia en el contexto de las protestas sociales. Según Campos, esta medida podría aplicarse a situaciones donde efectivos de la PNP o FFAA enfrenten denuncias por el uso de la fuerza en manifestaciones, particularmente en estados de emergencia. Esto podría reducir las posibilidades de supervisión judicial imparcial en casos de abusos de poder.
Un Marco Legal Controversial en el Contexto de la Seguridad Nacional
Este cambio en la normativa llega después de que el Ejecutivo intentara incluir disposiciones similares en el proyecto de ley sobre «terrorismo urbano» que fue discutido recientemente en el Congreso. Aunque dicha propuesta no fue incluida en el proyecto, el Gobierno ha buscado alternativas para establecerla.
La medida responde a una creciente preocupación por la seguridad ciudadana y la violencia durante protestas, sin embargo, abre el debate sobre la necesidad de una supervisión civil para evitar posibles abusos. La decisión de restringir el procesamiento de los efectivos de seguridad al fuero militar-policial plantea preguntas sobre el equilibrio entre el respaldo a las fuerzas de seguridad y el respeto a los derechos humanos en el país.
Esta disposición legislativa podría marcar un precedente en el tratamiento de los casos donde militares y policías actúen en cumplimiento de su deber, pero también subraya la importancia de un marco de rendición de cuentas que evite desvirtuar el uso legítimo de la fuerza.
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