El discurso de Dina Boluarte sobre la construcción del nuevo hospital regional Manuel Núñez Butrón en Puno, que se ejecutará bajo la modalidad gobierno a gobierno con el apoyo del gobierno de Francia, parecía en principio un anuncio común. Sin embargo, fue su mención a las víctimas del 9 de enero, uno de los días más sangrientos de las protestas durante su gobierno, lo que desató una nueva ola de reacciones en la región de Puno.
«Yo no vine cargada de odio, ni de venganza, ni de cálculo político. Vine con el corazón en la mano para poder trabajar sin distinción alguna. Cuando asumí la responsabilidad en ese mandato constitucional, lo hice con la intención de servir y de avanzar sin retroceder a los actos de violencia que costaron vidas humanas innecesariamente», expresó la mandataria, dejando en claro su postura ante los hechos ocurridos.
Estas declaraciones de Boluarte han reavivado las críticas de sectores de la sociedad que consideran que la presidenta no ha tomado las medidas adecuadas para reconciliarse con Puno, tras los violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, que resultaron en la muerte de decenas de personas.
El 9 de enero fue una de las jornadas más trágicas, cuando al menos 18 personas perdieron la vida en las protestas en Puno y otras regiones del sur del país. Las demandas de los manifestantes incluían la renuncia de la presidenta, la liberación del expresidente Pedro Castillo y la convocatoria a nuevas elecciones generales.
