Con esa frase negacionista de Dina Boluarte justifica la barbarie o la paz de los cementerios: las ejecuciones extrajudiciales y las según la CIDH y otros organismos de DDHH dos masacres que hubo en el período de diciembre y enero pasados.
De lo señalado, se puede inferir que los asesinatos en la masacre de Ayacucho, donde fueron ejecutados 10 ayacuchanos, el 15 de diciembre de 2022 y en Juliaca (Puno), donde fueron ejecutados 18 aymaras y quechuas, el 9 de enero de 2023, fueron ejecutados por ellos mismos.
Es increíble como es posible que, a contrapelo del informe de la CIDH que afirma que 49 víctimas fueron producto de ejecuciones extrajudiciales de policis y militares, la presidenta insiste en una versión que sostuvo desde que ocurrieron estos crímenes de lesa humanidad.
El cinismo, la sangre fría y ni el más mínimo sentimiento de culpa por los casi 70 asesinatos ocurridos en las protestas que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, la dibujan en lo que devenido: en la principal responsable de esos hechos de barbarie que el sur andino y la mayoría del país no olvida.
Y, ante la crueldad de esa afirmación y de Alberto Otarola, quien con desparpajo señaló que el responsable de los más de 70 muertos es Pedro Castillo en prisión preventiva, las deudos y la abrumadora mayoría de peruanos exige justicia, dentro y fuera del país. La barbarie no debe quedar impune.
Jaime Antezana Rivera
