La Universidad Nacional del Altiplano de Puno enfrenta un nuevo caso que pone en debate la eficacia de sus protocolos contra el hostigamiento sexual. La docente Judith Annie Bautista Quispe, docente de la Escuela Profesional de Educación, denunció haber sido víctima de acoso reiterado por parte del catedrático Julio Adalberto Tumi Quispe, señalando además que las medidas de protección recomendadas en el marco legal aún no se aplican con celeridad.
Acoso y denuncia formal
Según el testimonio de la docente, el hostigamiento se habría iniciado en el año 2021 a raíz de un chantaje sexual, cuando el catedrático denunciado le habría propuesto favores académicos a cambio de ventajas en un concurso de cátedra. Desde entonces, el acoso se repitió año tras año hasta que, en diciembre de 2024, Bautista decidió formalizar su denuncia ante el Tribunal de Honor de la universidad.
El caso fue admitido en febrero de 2025 bajo el informe N.º 10-2025 de la Secretaría de Instrucción, que recomendó la separación preventiva del catedrático denunciado y la apertura de un procedimiento disciplinario. Sin embargo, pese a la disposición, el acusado continúa laborando en la institución.
Presuntas represalias y manipulación estudiantil
La docente aseguró que, tras presentar su denuncia, comenzó a enfrentar represalias laborales, como memoriales promovidos en su contra y firmados por estudiantes de su programa académico, presuntamente a instancias del catedrático acusado. Un audio difundido en redes sociales mostraría cómo este habría buscado que los estudiantes respalden dichos documentos.
Asimismo, denunció que en los procesos de renovación de contrato se añadieron criterios que no figuraban antes, como “no tener quejas estudiantiles”, lo que ‘según indicó’ estaría direccionado para impedir su participación.
Impacto personal y falta de respuesta institucional
Bautista relató que el proceso le ha generado serios daños emocionales y físicos, por lo que actualmente recibe tratamiento psicológico y psiquiátrico. “Tengo mucho miedo. Me ha dañado a nivel profesional y personal, y la universidad no me otorga medidas de protección, pese a que la ley lo exige”, señaló.
De acuerdo con la Ley N.º 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, las víctimas deben recibir atención y protección inmediata. No obstante, la denunciante acusó demoras y presiones políticas dentro de la comisión que evalúa su caso, presidida por el doctor Edgar Mancha Pineda, quien hasta el momento no habría emitido un pronunciamiento definitivo.
Pedido a las autoridades
La docente exigió al rector de la UNA Puno adoptar acciones inmediatas, garantizando la aplicación de la ley y la protección de las víctimas. “No es posible que a las víctimas se nos silencie. Pido al rector y al Tribunal de Honor que actúen con transparencia y celeridad”, expresó.
El caso se encuentra bajo investigación también a nivel judicial, donde ya se le han otorgado medidas de protección. La comunidad universitaria espera que la institución adopte una postura firme frente a este tipo de denuncias, que afectan la integridad y seguridad de las docentes en espacios académicos.
