En el Teatro Municipal de Puno, durante la II Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Richard Hancco —visiblemente complacido y derrochando sonrisas— expuso una serie de cifras que, en otro contexto, habrían merecido un análisis pormenorizado por parte de los consejeros regionales. Un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 901 millones, una ejecución del 59.5%, 36 obras por entregar, 204 maquinarias operativas. Habló de «una etapa de competitividad», de «acciones y no de ruido». Fue la parte importante que retrató las fotografías, y el contenido de la nota de prensa que cuelga en la página oficial del Gobierno Regional Puno.
Pero en el segundo acto, los consejeros de la provincia de Chucuito le robaron el protagonismo a Richard Hancco. Desde la platea, Basilio Mendoza Uriarte y Abad Vizcarra se levantaron y desplegaron pancartas que exigían más obras para su provincia y lucha contra la corrupción. Esta acción provocó la reacción del gobernador, quien al haber visto manchado su catálogo de logros, decidió que era el momento del ajuste de cuentas con aquellos que, por mandato de la ley y la ciudadanía, están para fiscalizarlo. Su mirada, cargada de una cólera apenas disimulada, se clavó en el consejero de Chucuito-Juli, Basilio Mendoza Uriarte. Allí, ante la prensa, las autoridades y la sociedad civil, comenzó el espectáculo bochornoso.
El vasallo incómodo
Basilio Mendoza, del mismo movimiento regional del gobernador, Reforma y Honradez, se convirtió en el blanco perfecto. No era un opositor externo; era el hereje de la propia iglesia. Hancco, en un alarde de hacendado feroz de los años 1970, lo trató como a un «entenado», un hijo no deseado al que hay que corregir con el chicote y la palabra.
La queja de Mendoza, que hace pocos meses dejó de ser “pongo” del gobernador, manifestó que falta obras de envergadura en su provincia, fue respondida por el gobernador con una lógica distorsionada: «¿El consejero de Chucuito-Juli quiere que le quite obras a las provincias de Yunguyo o el Collao-Ilave?». La pregunta, malintencionada, buscaba pintar al fiscalizador como un egoísta, no como un representante que exige equidad. Al final, agregó: “Actualmente en Chucuito estamos invirtiendo 108 millones”.
Luego vino el sermón, la lección de moral entrecortada por la arrogancia. «Usted era alcalde, cuando a Volvo, o a Komatsu quieres corromperle te regala un llavero… por eso no se puede decir que las maquinarias están sobrevaloradas, Komatsu y Volvo te corrompe con un gorrito, no te dan nada. Hay que ser mezquino en decir que están sobrevalorados». El mensaje era claro: quien cuestiona las compras, o es un mezquino o insinúa una corrupción que, según Hancco, es imposible. El consejero fue acusado de hacer «acusaciones falsas» y de buscar «show» para su campaña a la alcaldía de Juli, en un intento de desacreditar no solo su opinión, sino su integridad.
La agresión verbal, público y deliberado, tuvo otro destinatario: el consejero Abad Vizcarra. Ambos, Mendoza y Vizcarra, fueron «los más maltratados y vapuleados» en una jornada que debió ser de diálogo, no de sometimiento.
El decreto del rey: prohibido fiscalizar
Si la audiencia fue el golpe verbal, el documento oficial enviado a la presidencia del Consejo Regional, Elvis Augusto Aliaga Payehuanca, fue la orden de un dictador que no le importa la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Es un texto que, con la rúbrica formal de la burocracia, pretende la domesticación absoluta del órgano fiscalizador de la región Puno.
El oficio, bajo la insinuación de «no afectar la jornada laboral», es una solicitud expresa para que los consejeros no «interrumpan excesivamente». ¿A quién no interrumpir? Al «personal de obra». En la práctica, es un cerco. Se les pide que se coordinen solo con los residentes y supervisores –el filtro del Ejecutivo– y que, tras sus visitas, presenten informes con «conclusiones y recomendaciones concretas». Suena razonable, hasta que se lee entre líneas: es el intento de convertir la fiscalización en un mero trámite administrativo, controlado y dosificado por el ejecutivo del propio gobierno regional. Quieren consejeros de escritorio, no de campo; que fiscalicen papeles, no realidades.
El exconsejero Edy Uriarte, testigo de la audiencia, lo dijo sin rodeos: «Hancco parece un dictador, que como si un rey de los cuentos de niños quiere gobernar sin ser cuestionado». Al conocer el documento, Uriarte fue más lejos: «El gobernador no puede limitar o restringir como autoritario, el consejero tiene función de fiscalización. Es como el presidente de la república limitara la función fiscalizadora de los congresistas, lo que nunca se va a dar».
Los fantasmas del pasado: Luque y Fuentes
Este desprecio por el Consejo Regional no es un invento de Hancco; es una patología recurrente en el palacio de gobierno de Puno. El gobernador es el último eslabón de una cadena de autoritarismos.
El caso más brutal lo encarnó Agustín Luque Chaiña. En septiembre de 2020, consejeros que pernoctaban bajo la lluvia en el frontis del gobierno regional, exigiendo plantas de oxígeno en plena pandemia, fueron desalojados violentamente por la policía. La orden de Luque derivó en empujones y golpes. En un video que recorrió el país, se veía a la consejera Nury Machaca Mamani ser tumbada al suelo por la fuerza policial.
Antes, Hernán Fuentes, otro presidente regional, gobernó con una indiferencia tan profunda hacia sus propios consejeros, que estos –de su mismo partido, Avanza País– tuvieron que formar un bloque de oposición interno. «Fuentes ha desconocido al partido y a muchos de los que hemos ingresado con él», declaró entonces el consejero Eugenio Gálvez Ccama.
Fuentes los ignoró, Hancco los insulta y pretende anularlos. Es la misma esencia, con distintos métodos.
¿Dónde están los consejeros más críticos?
Ante este panorama, uno no puede evitar evocar a los consejeros en la gestión del expresidente regional Mauricio Rodríguez y del gobernador Juan Luque, aquellos que no se doblegaban. «Richard Hancco se hubiera muerto de cólera o le hubieran extirpado su vesícula biliar por tanto renegar, si estuviesen en su gestión Hugo Muñoz, Juan José Álvarez y Walter Paz Quispe», se comenta en los pasillos. Esas personas habrían sido un gran problema para el gobernador Richard Hancco: Hugo Muñoz Guerra, de Melgar, conocido por sus duras críticas. Juan José Álvarez Delgado, ex alcalde de Huancané. Walter Paz Quispe, docente universitario con doctorado de España. Estos tres le habrían complicado mucho las cosas al gobernador. Su sola presencia habría sido como tener una piedra en el zapato, haciendo que su gestión fuera mucho más transparente.
Pero hoy, la queja generalizada es que el consejo se ha convertido en una oficina de «serviles», que han «desprestigiado esa función». El propio documento de Hancco es la prueba de que solo uno, Abad Vizcarra, fiscaliza con la intensidad que molesta a Hancco Soncco. Los demás, realizan «visitas como si fueran gerentes», cómplices por omisión de su propia insignificancia.
La rendición de cuentas sin rendición
La II Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del gobierno regional de Puno en 2025 pasará a la historia no por sus cifras, que habrá que auditar con lupa, sino por haber sido el escenario donde el gobernador Richard Hancco Soncco mostró su verdadero carácter: el de un hombre que, borracho de poder, confunde la gestión pública con el autoritarismo, la crítica legítima con la traición, y a los consejeros regionales les tiene con meros «chambelanes» destinados únicamente a acompañarlo en el inicio o inauguración de obras.
Mientras en Venezuela, Nicolás Maduro tiene un Congreso de aplaudidores, en Puno, Richard Hancco parece empeñado en tener un Consejo Regional de mudos, manipulados por los gritos de un rey que, como bien se sabe, suelen tener finales trágicos para quienes se sienten invencibles.
