Durante el desarrollo de las Elecciones Generales 2026, se han reportado incidentes que generan preocupación sobre la transparencia del proceso. La directora de Datum Internacional, Urpi Torrado, denunció que encuestadores acreditados fueron impedidos de ingresar a diversos locales de votación, pese a contar con autorización oficial.
Según la representante de la encuestadora, las restricciones se habrían producido en centros educativos donde personal vinculado a la ONPE limitó el acceso de los equipos encargados del conteo rápido.
Equipos acreditados quedaron fuera del proceso
Torrado explicó que los encuestadores afectados contaban con credenciales formales, incluyendo fotochecks de medios de comunicación y de la propia empresa, además de haber sido previamente registrados ante la ONPE como parte del operativo electoral.
Pese a ello, indicó que en varios casos fueron retirados o no se les permitió el ingreso, lo que les impidió cumplir con su labor de recojo de información en campo.
El escrutinio como acto público en debate
La directora de Datum recordó que el proceso de escrutinio es de carácter público, lo que habilita a cualquier ciudadano a observar el conteo de votos, siempre que no interfiera directamente en el procedimiento.
En ese sentido, subrayó que los encuestadores no participan en la manipulación de actas ni en decisiones electorales, sino que se limitan a registrar resultados visibles una vez publicados por las mesas de sufragio.
Fallas de coordinación y falta de respuesta oficial
Si bien reconoció que en procesos anteriores se registraron inconvenientes similares, Torrado sostuvo que estos solían resolverse mediante coordinación directa con la ONPE. Sin embargo, en esta jornada electoral, aseguró que los intentos de comunicación no lograron revertir las restricciones.
Hasta el momento, la ONPE no ha emitido un pronunciamiento detallado que aclare los motivos de estos impedimentos ni las medidas adoptadas frente a las denuncias.
Transparencia electoral bajo observación
El incidente se produce en un contexto de alta sensibilidad política, donde distintos actores han insistido en la necesidad de garantizar condiciones de transparencia, acceso a la información y respeto a los procedimientos establecidos.
La exclusión de encuestadores acreditados no solo afecta el trabajo técnico de las empresas de opinión, sino que también podría impactar en la percepción pública sobre la limpieza del proceso electoral, en un momento clave para la institucionalidad democrática del país.
