El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, afirmó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizaría el pago inicial para la adquisición de aviones de combate F-16, a pesar de que el Ejecutivo había señalado que esta decisión correspondería al próximo gobierno.
Según indicó, este desembolso —estimado en 2 mil millones de dólares— tendría como objetivo asegurar la compra de un primer lote de 12 aeronaves, además de armamento, equipos de mantenimiento y capacitación para pilotos y personal técnico. El argumento central es que la fecha límite para concretar el pago vence este miércoles, lo que obligaría a ejecutar el proceso.
La declaración de Rospigliosi contrasta con lo expresado horas antes por el presidente José María Balcázar, quien durante un mensaje a la Nación sostuvo que la adquisición de estos aviones no será una decisión de su gestión. A lo que voy es que hay una clara tensión entre poderes sobre quién debe asumir esta responsabilidad.
El jefe de Estado argumentó que priorizará otras necesidades del país, especialmente aquellas vinculadas a brechas sociales, y evitó comprometer recursos públicos en una compra de alto costo en el cierre de su mandato. También hizo énfasis en la necesidad de contar con liquidez para enfrentar demandas acumuladas en distintos sectores.
El proceso de adquisición de los F-16 no es reciente. Se arrastra desde gestiones anteriores, iniciándose en el gobierno de Dina Boluarte y continuando durante la administración de José Jerí. La expectativa era que se concretara en el actual periodo, pero las discrepancias políticas han vuelto incierto el desenlace.
Además, la salida reciente del ministro de Defensa y del canciller Hugo de Zela, en medio de cuestionamientos al proceso de contratación, ha añadido más presión al tema. No es solo una compra, es una decisión que mezcla defensa, política y manejo de recursos públicos.
Al final, la pregunta sigue abierta: ¿se ejecutará el pago o se postergará la decisión? Porque más allá de quién tenga la razón, lo que está en juego es cómo y cuándo se comprometen recursos tan altos del Estado.
