La Fiscalía ha decidido archivar la investigación contra 192 personas detenidas durante las protestas en la Universidad Nacional Mayor San Marcos (UNMSM) hace siete meses. Estas protestas tenían como objetivo expresar descontento hacia el Gobierno de Dina Boluarte y exigir elecciones anticipadas.
La Cuarta Fiscalía Corporativa Penal ha llegado a la conclusión de que no existen pruebas que respalden las acusaciones de usurpación agravada, daños y disturbios. No se encontraron indicios de que los detenidos hayan causado lesiones o daños a la integridad física de personas o bienes públicos y privados.
El informe detalla que los manifestantes estaban reunidos en el campus de la universidad, pero de manera ordenada y pacífica. Su propósito era simplemente pernoctar y alimentarse en el lugar.
El acta proporcionada por la universidad San Marcos tampoco menciona actos de violencia o amenazas contra el personal de seguridad. En cuanto al delito de usurpación, no hay evidencia objetiva de que los manifestantes hayan utilizado la fuerza física o amenazado a la seguridad.

Como resultado de esta resolución, se ha ordenado el archivo de la investigación preliminar y la eliminación de los registros correspondientes.
Es importante recordar que durante el operativo de detención, no estuvo presente ningún fiscal. Según la Policía y la Defensoría del Pueblo, se detuvo a al menos 207 personas en la Universidad, pero posteriormente la Fiscalía liberó a 192 de ellas.
El abogado y exprocurador anticorrupción Ronald Gamarra destacó que no se encontraron elementos que incriminen a estas personas en delitos de daños, disturbios o terrorismo. Este acontecimiento ha llevado a que la presidenta Dina Boluarte sea cuestionada por su manejo de la situación y la vulnerabilidad en la que se han encontrado los detenidos.
La UNMSM también denunció un «abuso de autoridad» por parte de la Policía Nacional hacia sus estudiantes. Solicitó a los poderes del Estado buscar soluciones para resolver la crisis política y garantizar los derechos de los estudiantes afectados.
Es importante destacar que la universidad explicó que cuando un grupo reducido de estudiantes y manifestantes tomó las puertas de seguridad, presentó una denuncia, pero solo solicitó la liberación de las puertas sin recurrir a la violencia. Sin embargo, la Policía ingresó de manera violenta en el campus.
Este giro en el caso plantea preguntas importantes sobre el manejo de las protestas y la actuación de las autoridades en situaciones similares en el futuro.