as empresas Editora El Comercio S.A. y Amauta Impresiones Comerciales S.A.C, ambas del Grupo El Comercio, forman parte de una investigación iniciada en el Ministerio Público para determinar un posible esquema de corrupción en la adjudicación de servicios de impresión de textos escolares, entre 2009 y 2016. La Fiscalía busca determinar si algún funcionario del Ministerio de Educación (Minedu) favoreció a estas y otras tres compañías editoriales en los procesos de contratación.
El caso proviene de un proceso administrativo que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (Indecopi) concluyó en mayo de este año, y donde se confirmó que El Comercio y Amauta concertaron con sus competidores Metrocolor, Corporación Gráfica Navarrete y Quad/Graphics Perú para repartirse los servicios solicitados por el Minedu. Estas últimas fueron multadas, pero las empresas del grupo se acogieron al Programa de Clemencia y delataron los hechos para evitar la amonestación.
La investigación incluye las acciones de estas cinco editoriales y se encuentra en el tercer despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios, de la fiscal provincial Janny Sánchez-Porturas, pero está a cargo de su adjunto Esteban Matias Añacata. De acuerdo con la información recabada por OjoPúblico, el caso estuvo a punto de ser archivado por falta de evidencias en enero de 2021, meses antes de que se conociera el fallo administrativo que confirmó la concertación.
Sin embargo, la Procuraduría Pública apeló, y en mayo incluyó como nueva evidencia el reportaje de OjoPúblico que revela un informe de la Comisión de Bolsa y Valores del Gobierno de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) donde se da cuenta que uno de las empresas del cartel de las imprentas, Quad/Graphics Perú, participó de actos fraudulentos en los mismos años. El informe del órgano regulador de EE.UU. señala que la empresa pagó USD 117.000 en sobornos al personal del Minedu para modificar las condiciones y penalidades de los contratos que se había adjudicado.
Ni el Indecopi ni el Ministerio Público habían detectado los hechos que sancionó la agencia norteamericana. Ahora la tarea de la Fiscalía es tratar de identificar qué hay detrás de estos patrones de concertación empresarial y corrupción con el fin de identificar responsables en la vía penal, pero las diligencias llevadas a cabo hasta el momento muestran pocos avances.
Un año sin identificar responsables
La Fiscalía inició su indagación preliminar en febrero de 2020, luego de que la entonces ministra de Educación, Flor Pablo Medina –actual congresista del Partido Morado– les envió un oficio para informarles que el Indecopi había iniciado un procedimiento sancionador contra El Comercio, Amauta. Cimagraf, Metrocolor, Navarrete y Quad/Graphics Perú. El hecho era de su interés porque incluía presuntos actos de corrupción en contratos de su sector.
Según la carpeta fiscal 433-2019, la indagación se inició contra los que resulten responsables por el presunto delito de colusión en agravio del Estado. Como parte de los actos de investigación se solicitó al Indecopi copias certificadas de los documentos, declaraciones, archivos, correos e información económica que sustentaron el inicio del proceso administrativo contra las mencionadas empresas.
La fiscalía también pidió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce) que le remita información de los procesos en los que se otorgó la buena pro a El Comercio, Amauta, Metrocolor, Navarrete y Quad Graphics. El requerimiento también incluye a la compañía gráfica Cimagraf porque fue comprendida inicialmente por el Indecopi, pero en su fallo final esta compañía fue exculpada.
El 12 de enero de 2021, a casi un año del inicio de las diligencias y cuatro meses antes de que el Indecopi confirmara la sanción contra las imprentas, este despacho fiscal notificó a la Procuraduría Pública su decisión de “no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria”. Para ello se basaron en los documentos que les remitió el Indecopi, según los cuales no había indicios de la participación de funcionarios públicos y que el hecho se ceñía a actos de colusión entre privados.
“De la información facilitada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia no ha sido posible determinar razonablemente que en los actos colusorios horizontales llevados a cabo por las empresas Amauta, El Comercio, Cimagraf, Metrocolor, Navarrete, Quad/Graphics Perú, y once trabajadores y exfuncionarios de dichas empresas, hubiera participado algún funcionario o servidor del Ministerio de Educación que cumpla con las cualidades específicas exigidas por el tipo penal”, señala el escrito.
La Procuraduria Pública del Ministerio de Justicia apeló a la Corte Superior, argumentando que “las diligencias efectuadas no fueron suficientes y la investigación que se llevó a cabo fue epidérmica, vulnerando la tutela procesal efectiva y una debida motivación”. En abril se aceptó su reclamo y se devolvió el expediente a la Primera Fiscalía Provincial Corporativa para que amplíe las investigaciones.
El procurador público especializado en delitos de corrupción, Javier Pacheco Palacios, explicó que tras la revelación de OjoPúblico remitieron al fiscal el informe de la Securities and Exchange Commission (SEC), donde sí se vincula al personal del Minedu y al menos una de las empresas del cartel de las imprentas con sobornos. El documento fue incluido en el expediente y, luego de ello, el 7 de junio, la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Corrupción emitió la disposición con la que reinicia el caso.
Según informó, el pasado 6 de agosto su oficina presentó un nuevo escrito solicitando que se lleven a cabo las diligencias pendientes, pues el abogado a cargo del caso, Edwin Esteban Reymundo, constató que no se había tomado la declaración de los titulares o representantes de las empresas cuestionadas. Ahora, dijo, la Fiscalía se encuentra recabando información documental en el sistema de contrataciones.
“El fiscal debe realizar un peritaje para establecer si hubo algún tipo de infracción al proceso de contrataciones públicas, y establecer si hubo alguna negociación o colusión. Nosotros consideramos que sí hay relevancia penal en el caso, pero debemos esperar las investigaciones. Desde que existe concertación, hay colusión. Pero si no se confirma que un funcionario público participó de estos hechos, el caso ya no sería de nuestra competencia porque nosotros defendemos al Estado”, señaló Pacheco Palacios.
La concertación entre privados no está configurada como un acto de colusión. De acuerdo con el artículo 384 del Código Penal, este delito es bilateral, y sanciona al funcionario o servidor público que concierta con un particular para defraudar al Estado. En contraparte, existe la figura de la negociación incompatible, que solo involucra a trabajadores públicos.
Pacheco Palacios señala que el fiscal, en su indagación, podría detectar otra figura penal y derivar el caso a otro despacho, pero si no hay indicios de colusión el caso del cartel de las imprentas ya no sería un tema que la Fiscalía y la Procuraduría Anticorrupción podrían resolver.
“El Indecopi ya acreditó que estas empresas y personas concertaron a nivel privado. No es que el hecho quede impune, pues ya se aplicó una sanción administrativa. La doctrina del derecho tiene como objetivo arreglar las cosas y, para ello, la acción administrativa es válida. El derecho penal es el último eslabón. En este caso la conducta ya fue sancionada, no es que el sistema se quede sin reaccionar”, añadió.
Nexos con el Minedu
En la resolución del Indecopi se confirmó que El Comercio, Amauta, Metrocolor, Corporación Gráfica Navarrete y Quad/Graphics Perú concertaron para repartirse los pedidos de impresión de 74 paquetes de textos para educación inicial, primaria y secundaria, así como guías de trabajo sobre dichos cursos para profesores, distribuidos en 20 procedimientos de selección. Según la confesión de sus principales directivos, estos encuentros se dieron en el Hotel Golf Los Incas, el Hotel El Polo, el Hotel Pardo, el Café Arango, entre otros.
Estos servicios se adjudicaron entre 2010 y 2016 y estaban valorizados en S/359,6 millones, pero el Indecopi estimó que tras la concertación este cartel de imprentas se habría beneficiado con unos S/56,8 millones. De este monto, S/12,3 millones corresponden a El Comercio y Amauta.
El informe de la Securities and Exchange Commission (SEC) señala que solo entre junio de 2011 a mayo de 2013, Quad/Graphics Perú pagó más de USD 45.000 a funcionarios del Minedu para que no les apliquen penalidades por incumplir los términos de los contratos vigentes, pero hasta el 2015 habrían desembolsado unos USD 117.000. El dinero se canalizó a través de siete proveedores de fachada.
En nuevos extractos del documento se indica, además, que en 2012 algunos funcionarios en Quad Graphics intentaron alertar a sus superiores en América Latina de posibles prácticas corruptas en la sede peruana, pero no fueron tomados en serio. Aquí se hace mención al “Jefe Ejecutivo de Ventas” quien, según el informe del Indecopi, fue Emilio Presentación Malpartida entre los años 2011 a 2016.
“Los ejecutivos de alto nivel no apoyaron el esfuerzo, como lo ilustra una reunión de administración en Perú donde se discutieron problemas de desempeño de ventas: el Ejecutivo de Operaciones para América Latina aludió al soborno cuando bromeó diciendo que se podría cambiar todo en las operaciones de Quad Perú, excepto el Jefe Ejecutivo de Ventas, porque él fue la clave de los contratos con el Minedu, presumiblemente debido a sus esfuerzos corruptos para ganar esas ventas”, señala la agencia de EE.UU.
Este documento también hace referencia a un esquema de sobornos entre Quad/Graphics y funcionarios del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); sin embargo, a la fecha no se ha abierto en el Perú una investigación penal por estos hechos. “Lo que tendría que pasar es que una vez que se haga este primer análisis [por el caso Minedu] tendría que solicitarse una ampliación de denuncia o entablar una nueva denuncia”, dijo al respecto el procurador público.
Consultado sobre la investigación fiscal, el gerente general de Prensa y Digital de la Empresa Editora El Comercio, Mariano Nejamkis, indicó que conocían del caso, pero asegura que no hay indicios que involucren a la empresa en actos ilícitos. «Sabemos qué hay una investigación en la que se está buscando descartar la existencia de un acto de corrupción vinculado a la práctica anti competitiva entre privados. Lo cierto es que en nuestro caso no existen elementos de juicio que permitan siquiera suponer ello y que involucre a funcionarios públicos».
OjoPúblico también solicitó al Ministerio de Educación y al INEI, desde hace varias semanas, conocer qué indagaciones realizaron para descartar o confirmar la participación de sus funcionarios en estos hechos; sin embargo, nunca contestaron. Este medio también envió un listado de preguntas al fiscal adjunto Esteban Matias Añacata, pero hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta.
Por: Ojo Público
