La ciudad de Juliaca fue escenario este miércoles de un amplio operativo liderado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor), en el marco de una investigación que busca esclarecer la presunta existencia de una organización criminal al interior de la Municipalidad Provincial de San Román.
Las diligencias se desarrollaron con el apoyo de más de 50 efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE), quienes ejecutaron órdenes judiciales de allanamiento, registro e incautación en diversos puntos de la ciudad.
Intervienen oficinas de la Gerencia de Transportes
Uno de los principales puntos de intervención fue la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de San Román, ubicada en el segundo nivel del Terminal Terrestre de Juliaca.
Durante varias horas, fiscales y agentes especializados realizaron la recopilación de documentación, equipos informáticos, dispositivos electrónicos y otros elementos considerados relevantes para el desarrollo de la investigación.
El acceso a las áreas administrativas intervenidas permaneció restringido mientras se desarrollaban las diligencias ordenadas por el Poder Judicial.
Allanamientos alcanzan vivienda del alcalde y otros inmuebles
El operativo también incluyó la intervención de la vivienda del alcalde provincial de San Román, Óscar Wyllams Cáceres Rodríguez, además de inmuebles vinculados a otros funcionarios municipales, particulares investigados y oficinas de abogados que presuntamente tendrían relación con los hechos materia de investigación.
Las acciones fueron ejecutadas en cumplimiento de la Resolución Judicial N.° 003-2026, emitida dentro del proceso que investiga presuntos delitos contra la administración pública.
Fiscalía investiga presunta red de corrupción
De acuerdo con la hipótesis planteada por el Ministerio Público, existiría una presunta organización criminal con características de «red criminal», integrada por funcionarios, servidores públicos y particulares.
Entre los delitos que se investigan figuran organización criminal, cohecho pasivo propio, cohecho activo genérico y tráfico de influencias.
Dentro de los investigados se encuentran el alcalde Óscar Cáceres Rodríguez, el gerente de Transportes y Seguridad Vial, Hardy Meyer Quispe Lipa, así como otros trabajadores y exfuncionarios de dicha dependencia municipal.
Presunto favorecimiento a conductores infractores
Según las pesquisas fiscales, la presunta organización habría operado desde el año 2024 dentro de la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial.
La investigación sostiene que algunos funcionarios y particulares habrían solicitado y recibido pagos ilícitos a cambio de favorecer a conductores sancionados por infracciones graves y muy graves.
Entre las presuntas irregularidades detectadas figuran la anulación, alteración o desaparición de expedientes administrativos relacionados con papeletas de tránsito, especialmente aquellas vinculadas a conductores intervenidos por manejar en estado de ebriedad.
Como consecuencia, dichas sanciones no habrían sido registradas correctamente en los sistemas oficiales, permitiendo que determinadas licencias de conducir continuaran vigentes de manera irregular.
Investigación incluye registros de videovigilancia
La Fiscalía informó que entre los elementos que sustentan la investigación se encuentran registros obtenidos mediante técnicas especiales de investigación, entre ellas acciones de videovigilancia.
Estas evidencias habrían permitido documentar presuntas negociaciones destinadas a dejar sin efecto infracciones de tránsito a cambio de pagos indebidos.
Asimismo, los investigadores señalaron que el esquema bajo análisis presenta similitudes con otros casos de corrupción investigados anteriormente en dependencias de transporte municipal de la región.
Municipalidad aún no se pronuncia
Mientras continúan las diligencias fiscales y policiales, las actividades del Terminal Terrestre de Juliaca se desarrollan con relativa normalidad.
Hasta el cierre de esta edición, la Municipalidad Provincial de San Román no había emitido un pronunciamiento oficial sobre los allanamientos ni sobre la situación legal de los funcionarios comprendidos en la investigación.
