El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra un fiscalizador de la Municipalidad Provincial de San Román, en la ciudad de Juliaca, investigado por presuntamente exigir pagos ilegales a propietarios de un establecimiento a cambio de no sancionarlos durante una intervención municipal.
La medida fue dictada a solicitud del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, que investiga al trabajador municipal Jesús Huertas C. por el presunto delito de cohecho pasivo propio.
De acuerdo con la investigación dirigida por el fiscal adjunto provincial Darwin Edisson Huamán Mamani, los hechos se remontan al 3 de febrero de 2026, alrededor de las 6:30 de la tarde. Ese día, el fiscalizador habría solicitado S/ 500 a los propietarios de un establecimiento tipo “cinema” durante una inspección municipal.
Según la tesis fiscal, el dinero habría sido exigido con el objetivo de omitir acciones propias de su función, como levantar un acta de fiscalización o imponer una multa por la falta de licencia de funcionamiento del local. Tras recibir el dinero, el funcionario habría indicado a los dueños que regresaría al mes siguiente y que previamente se comunicaría por teléfono, sugiriendo que el pago debía realizarse de forma periódica.
La investigación también recoge que, el 2 de marzo de 2026, cerca de las 7:45 p. m., el fiscalizador volvió a comunicarse con los propietarios a través de WhatsApp para recordarles que “ya les toca su mensualidad”, en referencia al pago previamente acordado.
Un día después, el 3 de marzo, alrededor de las 12:31 del mediodía, el investigado volvió a contactarlos para coordinar la entrega del dinero, proponiendo reunirse a las 5 de la tarde. Sin embargo, el encuentro no se concretó ese día.
Posteriormente, a las 6:26 p. m., el funcionario envió un nuevo mensaje indicando que la reunión se realizaría al día siguiente. Finalmente, el 4 de marzo, aproximadamente a las 11 de la mañana, acudió nuevamente al establecimiento, donde reiteró la solicitud de S/ 500 para evitar sanciones administrativas por la falta de licencia.
Durante la audiencia, el Ministerio Público —a través del despacho dirigido por el fiscal provincial Gilmer Escobar Gil— presentó diversos elementos de convicción que vincularían al investigado con la presunta solicitud reiterada de dinero a propietarios de distintos establecimientos, a cambio de omitir acciones propias de su labor de fiscalización.
Tras evaluar los argumentos fiscales, el juzgado declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva, ordenando que el investigado permanezca recluido por nueve meses mientras continúan las diligencias del caso.
