A gran parte de la población le causó una risa irónica la declaración del consejero por la provincia de Puno, Alfredo Ucharico, cuando señaló que hasta el momento no había encontrado nada que amerite alguna denuncia por irregularidades en la gestión de Richard Hancco. Esta declaración, sin duda risible, pero compartida por la mayoría de consejeros, dista mucho de lo que se ve en la realidad. Desde mi perspectiva, lo dicho por Ucharico, más bien responde a una planificada concertación política entre los consejeros y el gobernador, para blindar a la actual gestión y evitar sospechas que podrían provocar sanciones o investigaciones legales.
El caso es simple: hay varios indicios que demuestran que el gobernador y los consejeros están plenamente coludidos, como uña y mugre, para encubrir las irregularidades y blindar a la actual gestión. Uno de los casos más notables, por ejemplo, es la filiación política que comparten tanto el gobernador como la mayoría de los consejeros regionales con el partido “Somos Perú”. Este vínculo político, de público conocimiento, muestra de manera fehaciente un claro conflicto de intereses, donde los consejeros, en lugar de fiscalizar de manera eficaz, más bien opten por actuar como una barrera protectora a favor de la gestión y del gobernador regional antes de actuar por el bien de Puno.
Otro ejemplo de este sombrío encubrimiento, también es observable en la designación de diversos funcionarios que no cuentan con la formación profesional adecuada para los cargos que ocupan. Sin embargo, los consejeros se hacen de la vista gorda y no denuncian estos ilícitos. Hay, por ejemplo, servidores en puestos estratégicos que no tienen experiencia o incluso título universitario correspondiente para el cargo, pero igual laboran sin cuestionamientos y a la vista de cualquiera. Inclusive, sin omitir a alguno de ellos, fueron abiertamente defendidos por el gobernador. Estas irregularidades, y otras (como procesos de licitación cuestionables y lentos, “cuotas” clandestinas, etc.), que deberían motivar denuncias públicas y/o acciones legales de manera inmediata, han sido más bien ignorados por los consejeros, lo que deja ver claramente su vocación de protectores del mal, de guardianes incondicionales.
Con esto en la mesa, puedo decir sin la menor duda que la mayoría de los consejeros están al servicio de Hancco. La fiscalización que dicen realizar, no es más más que una fachada vacía, orientada a desviar un verdadero control político. De ahí que, las demandas de la población por transparencia y eficiencia en las obras, generalmente terminan en nada. Justamente, porque detrás de esta fiscalización torcida, hay un acuerdo de ignorar o actuar con desgano ante las exigencias sociales.
De manera que, la ausencia de denuncias no significa que no existan irregularidades; sino, por el contrario, que el sistema político regional está funcionando en base a acuerdos de protección mutua. En otras palabras, el silencio y ausencia de denuncias de los consejeros regionales no es casual, sino un cálculo político. Así que mientras la ciudadanía no luche y presione por una verdadera fiscalización, este ruin comportamiento del consejo seguirá siendo la regla en la política regional de Puno.
