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Francisco Sagasti: «No soy árbitro, es el JNE el encargado que tiene la potestad de definir»

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El presidente Francisco Sagasti sostuvo hoy que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es el único ente con potestad para definir los resultados electorales en el país. Según remarcó, las autoridades electorales son autónomas y el Gobierno no interfiere ni da su punto de vista sobre un proceso electoral que se ha llevado a cabo según las reglas y con supervisión de organismos internacionales.

Con esa premisa, subrayó que no le corresponde al Ejecutivo emitir ninguna opinión sobre la decisión que tomará eventualmente el JNE ni sobre cuándo lo hará.

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El Mandatario precisó que «un presidente no es un árbitro y el Jurado Nacional de Elecciones es el único que tiene potestad de definir».

«Por tanto, cualquier intento del Ejecutivo de servir de árbitro estaría fuera de la Constitución y no nos corresponde», manifestó.

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TRASFERENCIA ORDENADA

El Jefe del Estado también aseguró que su gestión trabaja ordenadamente en el proceso de transferencia y estarán a disposición del nuevo gobierno más allá del 28 de julio, si lo consideran necesario. Dijo que el Gobierno prepara una transferencia con transparencia.

«Los ministerios están trabajando para presentar lo avanzado y lo que está pendiente (…) De manera que el gobierno entrante tenga toda la información del caso», manifestó Sagasti.

Lo que se busca, subrayó, es que el proceso de transferencia sea lo más ordenado posible, a fin de que no se produzcan sobresaltos en la ciudadanía ni en la economía.

Refirió que si bien el período formal de transición se ha acortado porque el Jurado Nacional de Elecciones, aún no emite pronunciamiento final sobre la segunda vuelta; los ministros estarán a disposición del nuevo gobierno más allá del 28 de julio, fecha de transferencia establecida por la Constitución.

«Nos tendrán a disposición por el tiempo que consideren necesario para que toda la información pueda guiar las acciones del gobierno que sigue», subrayó el Mandatario.

Respecto a una denuncia constitucional formulada en su contra por la vacunación del expresidente Martín Vizcarra, aclaró que cualquier ciudadano puede presentarla, pero consideró que esta acusación carece de sustento legal, y dijo estar seguro de que las autoridades no le darán curso.

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