El obsesivo deseo de Hancco por demoler el hospital con prontitud es, cuando menos, una decisión políticamente irresponsable en medio de una emergencia sanitaria declarada por brote de sarampión en Puno. La ley señala que cualquier demolición se realice con garantías reales, verificables y además documentadas. De acuerdo con esto, no basta que el gerente salga diciendo que: “existen ambientes alquilados para el traslado de algunas oficinas o dependencias administrativas”. Lo que corresponde es demostrar públicamente, y no lo ha hecho, si existe un plan integral de contingencia hospitalaria, un plan técnico de traslado de servicios, equipos, pacientes, laboratorio, cadena de frío, archivos clínicos y áreas críticas.
Además de todo debe dar una opinión sanitaria actualizada ya que Puno enfrenta emergencia sanitaria donde dice que en estos casos se debe fortalecer, y no debilitar, la capacidad de respuesta del sistema de salud. La propia norma exige que por la emergencia “las entidades intervinientes ejecuten el Plan de Acción y que las contrataciones se orienten exclusivamente a enfrentar dicha emergencia”. Por lo tanto, cualquier demolición, traslado o liberación de ambientes hospitalarios debe demostrar que no contradice este mandato. En otras palabras. La demolición del hospital no puede realizarse solo porque se firmó un contrato con una empresa, debe realizarse garantizando la continuidad de la atención, la vigilancia epidemiológica, la vacunación, el diagnóstico, el funcionamiento del Laboratorio de Biología Molecular y la capacidad de referencia y contrarreferencia. En una coyuntura como esta, de emergencia, la pregunta ineludible es: ¿por qué Hancco quiere iniciar la destrucción del hospital sin haber probado que la población no quedará expuesta a mayor vulnerabilidad?
Por eso, antes de que Hancco proceda a demoler el hospital de manera arbitraria, como es su estilo, es necesario que intervengan, primero, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, SUSALUD, la Fiscalía de Prevención del Delito, el Consejo Regional, la DIRESA, el MINSA. Después de una gestión improvisada, mitómana y autoritaria de Hancco a lo largo de su gestión, cualquier decisión que tome puede ser un gran peligro para la salud (tal como ocurrió con el coliseo). En ese marco, la población puneña tiene derecho a exigir garantías. Tiene derecho a conocer y que se haga público el Plan de Acción de la emergencia sanitaria, el plan de contingencia hospitalaria completo, el estado de liquidación e inventario del Laboratorio de Biología Molecular, las actas de traslado, los informes técnicos de continuidad operativa y la opinión sanitaria después del Decreto Supremo que declara en emergencia a Puno. Hancco no puede tratar el hospital como un terreno vacío debe garantizar el derecho a la salud de miles de puneños en un momento de emergencia.
Aldo Rojas
19.05.2026
