El alcalde del distrito de Huacullani, Magno Tito Apaza M., y la tesorera de la municipalidad, Rocío Flores M., fueron intervenidos por agentes de la DIRCOCOR PNP en coordinación con la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno. Una asistente de la comuna, identificada como Magda Mamani, también fue intervenida durante la diligencia.
La intervención se realizó el 2 de septiembre de 2026 y estuvo vinculada a una denuncia presentada ante el Ministerio Público por el representante legal de la empresa FERBICONS CONSTRUCTORES S.A.C. Las autoridades encontraron S/30.000 durante las diligencias, dinero cuya procedencia y presunta relación con los hechos investigados deberá ser determinada por la Fiscalía.
Denuncia apunta a pago por obra de césped sintético
De acuerdo con la denuncia verbal, la empresa FERBICONS CONSTRUCTORES S.A.C. suscribió con la Municipalidad Distrital de Huacullani el Contrato N.° 009-2026-MDH, por S/349.000, para la adquisición e instalación de césped sintético en la comunidad de Challacollo.
El representante de la empresa sostuvo que cumplió con la prestación contratada y presentó la documentación correspondiente para obtener la conformidad. Sin embargo, según su versión, tuvo dificultades para acceder al pago establecido.
Posteriormente, la municipalidad habría gestionado un desembolso parcial de aproximadamente S/69.000, equivalente al 20 % del monto total del contrato.
Según el acta de denuncia verbal, el empresario afirmó que el 1 de septiembre sostuvo una reunión con el alcalde, quien presuntamente le habría solicitado inicialmente S/34.900. Este monto habría sido reducido posteriormente a S/30.000.
El denunciante también aseguró contar con un registro de audio de la conversación, material que fue entregado al Ministerio Público como parte de las diligencias.
Fiscalía asegura registro de audio
Los fiscales William Otazú Pinto y Christhian Derly Arenas Velásquez participaron en las acciones desarrolladas durante la intervención. Como parte de la investigación, el Ministerio Público dispuso el aseguramiento y extracción del archivo de audio proporcionado por el denunciante.
Para preservar su integridad como evidencia digital, se generó el código HASH correspondiente, procedimiento que permite verificar que el archivo analizado no haya sido alterado durante las diligencias.
El dinero encontrado durante la intervención también será sometido a las actuaciones fiscales necesarias para establecer su procedencia y determinar si existe alguna vinculación con la denuncia presentada.
La Fiscalía continuará con la recopilación de elementos de convicción para esclarecer lo ocurrido y establecer, de corresponder, las responsabilidades penales. Mientras tanto, el alcalde, la tesorera y la asistente intervenidos mantienen su derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia mientras duren las investigaciones.
