Pese a que el estado peruano reconoció a nivel internacional la responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las esterilizaciones forzadas que se dieron en el Perú en 1996 al 2001.
Alejandro Aguinaga, congresista de Fuerza Popular, negó de forma categórica este hecho pese a las más de 2.000 mujeres que han dicho lo contrario: que fueron forzadas, chantajeadas, engañadas o acosadas para dejarse practicar la operación y la muerte y lesiones en agravio de 1.307 mujeres, entre ellas, el mencionado caso de Mamérita Mestanza.
En una entrevista, el parlamentario fue consultado sobre la acusación que ha hecho el Ministerio Público en su contra por el caso de esterilizaciones forzadas cometidas durante el gobierno de Alberto Fujimori. En su defensa, el congresista desestimó los cargos, “En el Perú no ha habido esterilización forzada”, señaló
Seguido a ello dijo, «Hay casos aislados, que por supuesto que tienen que atenderse. Pero ¿puede creer alguien que diga, a mí me metieron en una carretilla amarrada a la fuerza y amanecí operada? Eso no existe, ningún médico se va a prestar para todo ello, porque los centros quirúrgicos tienen salas de asepsia, donde hay tanto personal, eso no existe».
Así mismo, indico que si existió un Programa de Planificación Familiar o de Salud Reproductiva y Salud Familiar, y no de esterilizaciones forzadas. No obstante, reconoció que sí existen casos de personas que no dieron su consentimiento para ser esterilizadas.
Declaración que tendrán que ser investigadas a profundidad ya que según cifras del MINSA, en el año 1997, las ligaduras y vasectomías se elevaron a más de la mitad con respecto al año 1996.
CASO MESTANZA CHÁVEZ
Mestanza Chávez fue una mujer de 33 años que murió en el año 1998 por una infección generalizada, ocho días después de que le realizaran una ligadura de trompas en el Hospital Regional de Cajamarca. Sus deudos han señalado que Mestanza aceptó someterse a la intervención luego de haber sido asediada desde 1996 por personal de salud. De acuerdo al testimonio de su viudo, Jacinto Salazar Suárez, les dijeron que por tener cinco hijos serían encarcelados si no aceptaban la anticoncepción definitiva.
En 2003, a través de un acuerdo amistoso entre el Estado peruano y la defensa legal de la familia de Mestanza, el país admitió su responsabilidad internacional por los hechos descritos y se comprometió a reparar a los deudos, así como a impulsar una investigación administrativa y penal. El compromiso incluyó una revisión de las políticas públicas sobre planificación familiar con el fin de eliminar contenido que sea discriminatorio o no respete la autonomía de las mujeres en el uso de métodos anticonceptivos.
CASO SERAFINA YLLA QUISPE
Serafina Ylla Quispe despertó en la morgue de un hospital de Cuzco, en el sur de Perú, después de que la declararon muerta durante una operación de ligadura de trompas.
Tenía entonces 34 años. Ella dice que nunca consintió que se le practicara esa cirugía en 1997.
CASO RUDENCINA QUILLA
Rudecinda Quilla tenía 24 cuando los doctores le dijeron que no le iban a entregar el certificado de nacimiento de su cuarto hijo a menos que se hiciera la operación de ligaduras de trompas.
Ella se rehusó y la pusieron por la fuerza en la cama de un hospital: sus manos y pies atados mientras le inyectaban un anestésico, de acuerdo con su testimonio, que ahora está siendo utilizado como evidencia legal.
Quilla se despertó horas más tarde y el personal de salud que la atendía le dijo que ya no «iba a seguir pariendo como un animal». Era 1996.
CASO RUDENCINDA QUILLA
Después de dar a luz a su cuarto hijo, Rudecinda Quilla relata que los doctores en la provincia de Anta, también en la región de Cuzco, le dijeron a su marido y a ella que parían «como chanchos».
Dice que la chantajearon para que se realizara la operación, según consta en su relato a la AMPAEF. «Ellos me dijeron que no me iban a dar el certificado de nacimiento de mi hijo si no me hacía la operación (de ligadura de trompas)».
«A mi esposo lo trajo la policía desde la granja donde trabaja. Ellos trataron de obligarlo a firmar [el consentimiento]. Pero él se rehusó, entonces lo amenazaron con que lo iban a arrestar».
Quilla señaló que ella estaba asustada y trató de huir de la clínica, pero la alcanzaron, la amarraron a una cama y le inyectaron un sedante.
«Todavía estaba despierta cuando comenzaron a abrirme la barriga. Sentí un dolor muy fuerte y grité. Ahí me dieron otra inyección», dijo en su testimonio.
«Desperté en la tarde. Después de unos días, la herida en el estómago comenzó a infectarse y fui con mi esposo al hospital. Las enfermeras no querían tratarme».
«Ellos insultaron a mi esposo y le dijeron que era un animal. Costó bastante que la herida se curara, porque yo tenía miedo de volver al hospital».
(Con información de IDL Reporteros y BBC Mundo)
